Con el objetivo de modernizar la gestión de infraestructura vial y mejorar la capacidad técnica de las municipalidades y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT; expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME-UCR), presentaron el nuevo Manual de Puentes, un documento que sustituye la versión vigente desde 2007.
Este nuevo instrumento técnico incorpora metodologías actualizadas para el inventario, inspección, priorización y conservación de puentes, y responde a una necesidad urgente: más del 60% de los puentes del país presentan daños serios, y al menos 289 estructuras se encuentran en condición crítica o de falla inminente, según estimaciones de la Contraloría General de la República.
“El manual anterior se enfocaba en puentes de vigas, que son comunes, pero dejaba por fuera otras tipologías como puentes colgantes, de arco o tipo Bailey, muy presentes en zonas rurales”, explicó Josué Quesada Campos, de LANAMME-UCR.
El nuevo documento permitirá abarcar prácticamente el 100% de los casos y brindará herramientas claras para atender desde intervenciones menores, como limpieza o pintura, hasta reparaciones mayores mediante contratación externa.
Otro de los avances clave es la incorporación de una metodología de priorización, lo que permitirá a las municipalidades determinar cuáles puentes requieren atención inmediata y cuáles pueden esperar, mejorando así la planificación y ejecución de los recursos provenientes de la Ley 8114 y otras fuentes.
La elaboración del manual se gestó desde 2020 en el marco de la Comisión de Actualización de Normativa del MOPT y fue validado periódicamente para asegurar coherencia con las disposiciones existentes.
Además, se busca atender cuatro necesidades críticas en el ámbito municipal: conocer cuántos puentes existen y dónde están; saber en qué estado se encuentran; definir acciones concretas para su conservación; y fortalecer las capacidades técnicas del personal local.
“Este manual es un paso fundamental para cerrar brechas técnicas y avanzar hacia una gestión más proactiva de la infraestructura vial en manos de los gobiernos locales”, concluyó Quesada.