El mal manejo de los residuos sólidos serán castigados con altas multas, en procura de generar conciencia en la población.
Lo anterior tras la aprobación de un proyecto de ley que les permite a los gobiernos locales aplicar mayores sanciones e invertir lo recaudado en la gestión de residuos en el cantón donde se genere la infracción.
Se trata del proyecto ley 20.875, impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el cual recibió primer debate esta semana.
La propuesta modifica tres leyes relacionadas con la gestión de residuos sólidos, con el fin de aplicar sanciones para quienes cometan infracciones gravísimas, graves y leves.
Las sanción más alta es de hasta ocho veces la tarifa más alta del servicio de manejo de residuos de cada municipalidad.
Justamente los recursos que se generen por infracciones podrán ser invertidos en el propio cantón para el impulso de programas a favor del ambiente, comentó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.
En ese nivel están el quemar los residuos, enterrar material no orgánico o tirar residuos ordinarios en vía pública, alcantarillados, nacientes, causes de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para esos fines.
Además se castiga la compra, venta, almacenamiento y trato de residuos valorizables ilícitamente, así como brindar el servicio de recolección de manera contraria a las disposiciones municipales.
Estas multas no eximen a los infractores de la indemnización y reparación del daño ambiental en los que haya incurrido, como lo establece la legislación vigente.
Otras faltas menores se sancionan hasta con hasta cinco veces la tarifa más alta, a quien gestione los residuos ordinarios en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones municipales sobre el servicio de recolección y disposición de residuos, lo cual está dentro de la categoría de faltas leves en el artículo 50.
Otro reforma es que una vez que entre a regir la legislación los ciudadanos podrán interponer denuncias ante la municipalidad respectiva, lo que permite fomentar una mayor vigilancia o protección del medio ambiente.
También se establecen suspensiones o revocatorias de permisos, patentes y licencias, cuando un mismo infractor sea sancionado por cometer una infracción más de dos ocasiones en el plazo de un año calendario.
En ese sentido, el Ministerio de Salud o la municipalidad, de acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres días los locales comerciales; suspender o revocar las patentes, las licencias, los permisos y los registros necesarios para la realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de las infracciones.
