La Municipalidad de San José desmintió categórica y de manera contundente los argumentos de la Contraloría General de la República (CGR), que recomienda la suspensión del alcalde, Johnny Araya por ser “responsable administrativamente en grado de culpa grave” en el pago de ₡253 millones a la empresa de capital español Setex Aparki en 2018.
Según una publicación en la página de Facebook de la Municipalidad de San José este gobierno local “actuó con apego a la Ley, en todo lo que se refiere al contrato con la empresa que administra los parquímetros en la capital, (…) y es clara en que todavía el tema no se ha resuelto de manera definitiva, ya que, frente a la sanción, cabe recurso de revocatoria con apelación, así como la posibilidad de elevar el caso a la vía judicial, en los tribunales contencioso administrativos”.
La publicación continúa indicando que “evidentemente, la contraloría comete un grave error de valoración e interpretación, puesto que la municipalidad en claro respeto del principio de legalidad aportó los estudios técnicos, legales y financieros necesarios y suficientes que dejan en claro los alcances y beneficios que, por más de 12 mil millones de colones, ha tenido el municipio producto de dicha relación contractual, que ha permitido, además, una ganancia en cuanto al ordenamiento de la vialidad en la capital, así como ha generado satisfacción, agilidad y comodidad para todos los usuarios del cantón”
Según la municipalidad las decisiones tomadas fueron en estricto apego de las recomendaciones de la Auditoría Municipal.
La publicación cierra indicando “que llevará el caso hasta las últimas instancias legales, con el fin de que quede plenamente demostrado que se actuó en amparo a de la legalidad, de buena fe y en beneficio de los intereses de la ciudadanía josefina”.
