La Municipalidad de San José informó que, en el marco de la legislación vigente, en cuanto a la regulación de las patentes que permiten el funcionamiento del comercio en la capital, la Municipalidad de San José abrirá un proceso administrativo, con el fin de investigar y, eventualmente, sancionar a las tiendas SYR, que han sido acusadas de tratos degradantes y humillantes en contra de sus empleados, algo que es absolutamente intolerable.
El gobierno local josefino añadió que el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, instruyó a las áreas jurídicas y técnicas del municipio, para que de manera urgente se constituya un órgano director, con el compromiso de hacer todo lo que esté en sus manos, en el marco del Estado de derecho y de la legislación vigentes, con el fin de constatar si esta cadena comercial opera de conformidad con la Ley, no sólo en materia laboral, sino en otras, ya que se han presentado denuncias, tales como que no reciben tarjetas de crédito o que operan con música que genera contaminación sónica.
Para el alcalde Araya Monge, las imágenes de la golpiza a unas dependientas, que supuestamente laboraban para la mencionada cadena de tiendas, es un acto bochornoso y detestable, que provoca el más absoluto repudio y que no puede, ni debe ser tolerado en Costa Rica, por lo que se adoptarán las medidas legales que correspondan, en el plazo más breve posible, para sancionar a los culpables y a quienes pudieran haber cometido agresiones similares.
Por otra parte, el ayuntamiento manifestó su voluntad de colaborar, con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección de Migración y Extranjería y con el Ministerio de Salud, así como con las autoridades judiciales competentes, con el propósito de acelerar las pesquisas para sentar, claramente, las responsabilidades en este deplorable episodio.
Costa Rica, indicó el jerarca capitalino, es un Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, en el cual existen garantías para las y los trabajadores que, en todo momento, deben respetarse, ya que no es admisible que, por factores supuestamente culturales, haya empresas que no se comprometan a actuar dentro del marco de la Ley.
