El viernes 26 de noviembre los costarricenses fuimos sacudidos con la noticia de varios allanamientos a residencias de seis autoridades locales y a sus municipalidades, en lo que se denominó “Caso Diamante”.
A partir de ese momento seis alcaldes fueron tildados de corruptos, tanto por un grupo irresponsable y tendencioso de medios de comunicación, como por las redes sociales, donde es muy fácil acusar, juzgar y condenar, sin que medie ningún recurso de defensa.
Ese mismo día el juzgado suspendía de sus funciones a esos seis alcaldes por medio año sin salario, ante la satisfacción oportunista de políticos necesitados de aprobación ciudadana, en medio de una apagada campaña electoral.
Esta semana el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, levantó la suspensión del cargo a estos alcaldes permitiendo así que volvieran a sus funciones de forma inmediata.
¿Qué paso con la investigación de estos aparentes delitos de corrupción en estos seis meses de suspensión y escarnio público?
Si bien no tenemos la respuesta oficial, todo parece indicar que nada pasó.
Hasta la fecha la fiscalía no ha acusado formalmente a uno solo de estos alcaldes, mucho menos hay proyecciones de que se lleve a cabo un juicio. Todo parece indicar que el Caso Diamante no llegará ni a Cuarzo rayado.
¿Y ahora? ¿Quién dará la cara para disculparse con estos seis hombres que postularon nombre para ofrecer un cantón mejor a quienes lo habitan? ¿Quién les explicará a los vecinos de esas comunidades que los dejaron medio año sin su alcalde por nada? ¿Quién les dirá a los medios internacionales que en Costa Rica toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario?
¿Dónde están los diputados que usaron tiempo pagado por todos nosotros para atacar al régimen municipal, sin que hubiera una razón sustantiva de fondo? ¿Cómo explicará los medios de comunicación sus notas editorializadas presionando para que se aprobara una ley mal hecha que limita irracionalmente la reelección en los gobiernos locales, como un castigo por ser legitimados por los propios votantes?
¿Quién dará la cara en las redes sociales y dirá: “me equivoqué”, esas personas que traté de ladronas y corruptas hoy pueden verme con la frente en alto, porque no han sido acusadas de ningún delito de corrupción?
¿Quién analizará el daño que causó todo ese circo a la vida de esos seis alcaldes y a sus familias?
NADIE.
Eso es lo más triste de esta historia. Que hoy ya esto no es noticia. Que no es “tendencia”. Que nadie dará la cara.
