Humberto Soto, alcalde de Alajuela, impugnó ante la Sala Constitucional el reglamento de fraccionamiento urbano que rige desde setiembre.
Argumenta que la norma, emitida por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), tendría una gran afectación sobre los dueños de propiedades y los gobiernos locales.
La impugnación del reglamento ante la Sala Constitucional fue comunicado este miércoles por la Federación de Municipalidades de Occidente (Fedoma).
Este reglamento ha sido polémico desde su constitución, por las observaciones generadas desde la oposición, los gobiernos locales, el Colegio de Topógrafos y el sector construcción.
Incluso, el INVU tuvo que posponer su entrada en vigencia que estaba originalmente para marzo de este año, para tratar de buscar un documento que reuniera las inquietudes de los distintos sectores involucrados. La normativa pretende regular la segmentación de propiedades y obtención de visados y cambia las reglas a la división de lotes.
