La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) se mostró a favor de la iniciativa de ley Contra la Adulteración y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico que fue aprobado en primer debate la semana anterior con el respaldo de 35 diputados.
ANAI sostiene que es urgente ampliar la fiscalización en esta materia, producto de la alerta sanitaria por la venta de productos adulterados con metanol, la cual contabiliza 76 casos sospechosos de intoxicación, de los cuales han fallecido 38.
Ley actual 9047, que regula la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en temas como patentes, determina que las competencias en esta materia recaen sobre los gobiernos locales.
Sin embargo, la detección en casos de adulteración, imitación o contrabando son competencia de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.
“La idea es que las municipalidades puedan sumarse a esa fiscalización ya que sabemos que Policía de Control Fiscal, por su centralidad, tiene recursos limitados; mientras que los municipios contamos con más de mil efectivos en 30 cantones y más de 600 inspectores municipales y sabemos dónde están las patentes, quién es el dueño y los horarios”, aseguró Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI.
La ANAI inició con la formulación de dicho proyecto de ley a inicios del 2019 cuando se detectaron los primeros indicios de intoxicaciones por la sustancia metanol.
A criterio de Espinoza la iniciativa reúne tres aristas muy importantes. En primer lugar la salud, como un derecho fundamental y primario, donde el proyecto se muestra como una manera efectiva de atacar el tema de las intoxicaciones.
En segundo lugar, el control efectivo del comercio, de manera que se pueda aplicar un régimen de sanciones adecuado y más eficaz y finalmente, el mejoramiento de la recaudación fiscal.
En este último aspecto, el impuesto a las bebidas alcohólicas recaudó entre en el 2019 y 2020 un monto que ronda los ¢43 mil millones, cuando las sumas deberían acercarse a los ¢115 mil millones, según las estimaciones reales.
“En momentos en que hablamos de una crisis fiscal, ¿por qué mejor no cobramos los impuestos actuales más eficientemente en lugar de generar cargas impositivas nuevas? Pasar de 43 mil millones a más de ¢100 mil millones recaudados serían recursos frescos que le servirían de mucho a Hacienda”, enfatizó Espinoza.
