La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) denuncian la intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de trasladar rutas de la red vial nacional (RVN) a la red vial cantonal (RVC), sin los recursos presupuestarios necesarios para darles el debido mantenimiento.
Se trata de 3 071 km de vías tanto terciarias como secundarias, las cuales en su gran mayoría se encuentran en lastre (solamente el 19% de las rutas terciarias están en carpeta asfáltica).
Estas calles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente rurales. Los territorios a los que se les trasladarán más kilómetros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).
Dicho traslado pretende realizarlo el MOPT a las municipalidades vía decreto, el cual entra a regir el 10 de julio próximo. Esta acción violenta los artículos 170 y 171 de la Constitución Política, además representaría una clara violación al procedimiento para la transferencia de competencias establecido en la Ley General de Transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley 8801.
Es por esta razón que la UNGL, ANAI y las Federaciones Municipales le solicitaron en una carta al presidente don Rodrigo Chaves Robles, la derogatoria de dicho decreto.
“En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto, para abrir de inmediato una mesa de diálogo y negociación en la Asamblea Legislativa que busque más recursos para la red vial”, indicó Maikol Porras Morales, Alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.
Si se materializa esta transferencia de vías, los gobiernos locales requerirían de al menos 70 mil millones de colones anuales para darles mantenimiento a estos 3071 kilómetros, esto según estimaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta cifra sería únicamente para dar un mantenimiento básico, sin tomar en cuenta arreglos de puentes, taludes, cordones de caño, entre otros.
“La UNGL manifiesta su preocupación y rechazo a dicho decreto en su contenido actual, por esa razón hemos solicitado al presidente de la República la derogación del mismo. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto para encontrar soluciones viables y equitativas, que permitan que la infraestructura vial continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades y ciudadanos, siempre y cuando esto se haga como la ley lo indique y no mediante un decreto que pretende trasladar a las municipalidades responsabilidades que no les corresponden”, manifestó Patricia Porras Segura, presidenta de la UNGL y Alcaldesa de Aserrí.
Cabe destacar que el Conavi, en la actualidad, recibe mucho más recursos que los gobiernos locales para atender cada kilómetro de vías. La red vial nacional consta actualmente de 7 847 km para lo que recibirán este 2024 ₡116 mil millones correspondientes del impuesto a los combustibles. Mientras tanto, las municipalidades deben atender actualmente 38 000 km con ₡119 mil millones que le son trasladados de este impuesto.
Hacer una vía en lastre cuesta entre ₡15 y ₡20 millones por kilómetro, mientras que darle mantenimiento (conformación, compactación y limpieza de cunetas) cuesta unos ₡7 millones por kilómetro. Si son vías de asfalto, la construcción de un kilómetro nuevo ronda los ₡150 millones y darle mantenimiento con una capa adicional de asfalto cuesta unos ₡40 millones.
