La diputada Nielsen Pérez Pérez, del Partido Acción Ciudadana, instó a las mujeres municipalistas a externar su apoyo al expediente No. 20.308: “Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres”.
Pérez Pérez ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa, cuya versión original es obra de la exdiputada Pilar Porras (2010 – 2014), para luego ser retomada por la también exlegisladora Mauren Clarke (2014 – 2018) y enriquecida por la Unidad Técnica de Equidad e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y el INAMU. Su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Durante un foro virtual organizado por la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM), el pasado 21 de abril, la diputada motivó a las mujeres que forman parte del régimen municipal a impulsar acuerdos desde sus gobiernos locales en apoyo al proyecto, con la intención de que quede demostrada la importancia que tendría esta nueva legislación.
En dicho evento, otra panelista, la regidora propietaria en Montes de Oca, Carolina Monge, indicó que el Concejo Municipal de ese cantón había acordado apoyar la aprobación de dicho expediente. Al consultársele a Pérez si pronunciamientos similares por parte de otros municipios servirían para “presionar la aprobación del proyecto”, la legisladora respondió positivamente.
“Este proyecto cuenta con aportes del Tribunal Supremo de Elecciones y del Instituto Nacional de las Mujeres. En hora buena el apoyo de la RECOMM y de todas las mujeres que han formado o forman parte del régimen municipal, para que desde sus gobiernos locales se externe un respaldo. Asimismo, los partidos políticos también deben pronunciarse a favor de esta iniciativa, en especial para que sus diputados, cuando sea el momento, voten afirmativamente esta nueva legislación”, dijo Pérez Pérez.
La nueva ley cubriría a las mujeres que participan en comisiones u órganos a lo interno de un partido, también cuando son aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de elección popular; así como cuando están en el ejercicio a este tipo de puestos. Además, incluye a mujeres que integran organizaciones sociales, civiles, solidaristas, de desarrollo comunal, sindicatos y cooperativas.
Algunas de las prácticas discriminatorias que sancionaría la nueva ley son: obstaculizar el ejercicio de la función de la mujer en el ámbito político, forzarla a renunciar, afectar su integridad, así como las afectaciones morales, de imagen, de dignidad, reputación y privacidad.
La propuesta también prevé medidas cautelares contra la persona denunciada y ante el incumplimiento de las medidas permite la denuncia en la vía penal por el delito de desobediencia. Los tres delitos específicos que se plantean son: feminicidio político, agresión contra mujer en la política y coacción contra mujer en la política.
Las sanciones que establece la ley para las personas que cometan violencia o discriminación van desde amonestaciones escritas y suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad y la expulsión del partido político u organización social, por ocho años.
También la propuesta establece la retención del monto de la deuda política en caso de que los partidos no incluyan mecanismos permanentes de formación, capacitación y prevención de la violencia contra las mujeres en sus estatutos.
“Con este proyecto de ley recogemos esa lucha de las mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos en un escenario desigual y muchas veces hostil, queremos extenderle una mano especialmente las mujeres más afectadas y más violentadas, que son que aspiran formar o ya forman parte las organizaciones sociales, las vinculadas a los partidos políticos y a los puestos de elección en el nivel local”, concluyó Pérez.
En la actualidad expediente No. 20.308 ya superó el periodo de consultas y está a la espera de ser dictaminado por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, la cual es presidida por la diputada Pérez Pérez.
