“Incinerar residuos no es una salida mágica al problema del mal manejo de los desechos”, así lo señaló en entrevista para Eco Municipal, Mauricio Álvarez Mora, profesor de la Universidad de Costa Rica en la escuela de Geografía y quien forma parte del programa “Kioskos Socioambientales”.
De acuerdo con Álvarez, la idea de incinerar desechos para generar energía, no solo plantea cuestionamientos ambientales que pueden afectar la salud pública, sino que, en términos reales, podría implicar riesgos económicos para las municipalidades, en caso de acordar contratos con cuotas mínimas de entrega; al mismo tiempo que, la propuesta de generar energía a partir de la incineración podría no ser tan rentable, dada la composición real de los residuos de la población costarricense, la cual, ronda cerca de un 50% de contenidos orgánicos.
Este tema adquiere mayor importancia debido a que el Gobierno ha mostrado interés en la incineración de los residuos para la generación eléctrica, por medio del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE.
Para Álvarez, si bien el país cuenta con una ley de Gestión Integrada de Residuos Sólidos de larga data, ésta todavía no termina de reglamentarse y, entre los muchos instrumentos expresos en esta ley, se dejó abierta una puerta a la opción de la incineración de residuos como solución; no obstante, también es cierto que esa misma ley ofrece muchas otras oportunidades con una lógica mucho más sostenible social y ambientalmente hablando.
Riesgo tóxico
De acuerdo con el especialista de la UCR, uno de los mayores problemas de incinerar es que siempre va a quedar un residuo que, si bien sería de menor volumen, presentan características de riesgo para la salud si no se controlan rigurosamente.
“Hay toda una discusión técnica y científica sobre la viabilidad de proyectos de incineración. De hecho, si vas a Guanacaste, donde la gente tiene la práctica de quemar la basura, se tiene reporte de que cuando esto sucede se da un aumento de enfermedades bronco-respiratorias debido a la producción de dioxinas y furanos. Se podría decir entonces que, en procesos más industriales y tecnificados de incineración, siempre se cuenta con filtros que supuestamente se cambiarían todos los días… pero esto es sumamente caro y especializado al tiempo que una tercera parte requeriría hacer toda una inversión para monitorear este tipo de contaminación, y esta no es una contaminación fácil de detectar, se debe contar con equipo especializado que hace aún más costosa la operación”, explicó Álvarez.
A su vez, otro de los cuestionamientos que planteó el técnico de la UCR es: “¿quién controlaría un tipo de actividad que en el país nunca se ha desarrollado? Si nos apegamos a la experiencia que hemos vivido con los rellenos sanitarios y su control, la realidad es que hemos visto demasiadas irregularidades que ponen en duda que tengamos la capacidad de hacer mejor las cosas regulando las emisiones generadas por las tecnologías de la incineración; y la verdad es que nadie quiere tener una incineradora en el patio de la casa”.
Un mal negocio
Otra línea de crítica de Álvarez frente a la posibilidad de la incineración de residuos fue la de carácter económico-ética. “Las municipalidades invierten muchísimo de su presupuesto en la disposición de residuos, en algunos casos hasta un 40% o más de su presupuesto. La mayoría de las empresas de incineración cobran por peso entregado, habría que pensar cuántos sistemas de control cruzado existen para verificar que se está sometiendo a incineración lo que realmente se reporta, si no hay un control adecuado se está abriendo espacios para potenciales actos de corrupción”, señaló el especialista.
En este sentido Álvarez relató que, al analizar a fondo los contratos que se planteaban en los primeros intentos de darle vida a la alternativa de la incineración de residuos, lo que se le pedía a la municipalidad era una cuota de residuos, si la municipalidad no generaba esa cantidad de residuos entonces el ayuntamiento debía de pagar una penalidad, creando así un subsidio encubierto que debía pagarse con el dinero de los contribuyentes.
“Muchas experiencias de países desarrollados que se han metido en este tipo de procesos han terminado subsidiando la incineración. En segundo lugar, a la municipalidad tampoco le resulta práctico porque tendrá que cumplir con cuotas específicas bajo riesgo de pagar penalidades si no cumple con el contrato. De hecho, por escala, casi que todos los proyectos de incineración necesitarían un empuje económico de la municipalidad. Si otros países se han dado cuenta que no es una buena idea y, por el contrario, están revirtiendo sus decisiones y eliminando la incineración como alternativa, nosotros hoy estamos en un buen momento para ni siquiera arrancar con este sistema”, explicó el especialista.
Por otra parte, Álvarez señaló que, aunque estos proyectos se vendan como una alternativa para producir electricidad, al analizar el rendimiento real ya no resulta tan atractivo. “Ya lo dijo el ICE cuando evaluó alguna de estas propuestas y la señaló como una fuente de “energía marginal” porque si se juntara y se incinerara toda la basura del país no se produciría la energía que se produce en una sola represa. Además, la actividad en sí misma consume mucha energía, por tanto, las plantas incineradoras se consumen una buena parte de la energía propia y si tomamos en cuenta que nuestra porción de residuos orgánicos es muy alta, mayor va a ser el consumo energético necesario para extraer toda el agua mediante el calor generado y otras técnicas. Eso es mucha energía desperdiciada”, señaló el experto.
Hay mejores opciones que la incineración
Para el experto de la UCR cada vez más la idea de incinerar basura va perdiendo sentido en un contexto de cambio tecnológico y de gestión que puede ser muy rápido, como ejemplo citó el esfuerzo global denomina “basura cero” (Zero Waste) que hace un uso mucho más inteligente y separado de los residuos.
“En Juan Viñas, la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Química hizo un trabajo muy importante y generó toda una experiencia a pequeña escala en la que se produjo una realidad de “basura cero”. Esto nos ha dado pie a pensar que, si nosotros generamos procesos educativos adecuados, en un muy corto plazo se podría tener, de la mitad, al 75% del problema de los residuos resuelto y lo que tendríamos que encarar es un 25% de lo restante. Tal vez como sociedad, esta crisis nos pueda ayudar a pensar en otras soluciones que resuelvan el problema de la basura a futuro”, indicó Álvarez.
Por el momento, como explica Álvarez, dentro de las opciones para la gestión de los residuos que se han venido discutiendo, el gobierno no pareciera contemplar la incineración como una alternativa viable o, por lo menos, lo identifica como un tema potencialmente riesgoso a nivel de opinión pública por lo que prefiere no plantearlo directamente.
Lo que para el especialista sí es delicado es restar poder a las municipalidades para tener autonomía sobre la gestión de sus residuos y decidir qué es lo que como comunidad más le conviene. “Este es un asunto inconstitucional de entrada, en el que hay mucha jurisprudencia de por medio, por lo que sería un error para el gobierno entrar a restarle poder a las municipalidades y gastar tiempo muy valioso que podría emplearse en buscar mejores soluciones”, indicó.
