El alcalde capitalino Johnny Araya instó a los diputados a legislar a favor de las municipalidades pues advierte que de no atenderse al sector vendrán despidos masivos.
En esa línea Araya llamó a suspender la regla fiscal a los gobiernos locales, pues consideró que limitar el gasto va en sentido contrario a las políticas que se deben impulsar para mantener en operación los servicios y ayudar en la reactivación económica.
A su vez, llamó a aprobar el proyecto de Ley 21.922 que procura apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19.
Esta iniciativa concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los abonados y medidas para la ampliación de arreglo de pago de tributos municipales. También faculta a los comerciantes a suspender temporalmente el uso de la patente municipal, para que no siga pagando este rubro.
En tanto que da luz verde a los gobiernos locales para utilizar el superávit en la atención de la emergencia, en compensar la reducción de ingresos y en financiar los servicios básicos como recolección de residuos, agua y policía municipal.
El alcalde josefino consideró que la crisis sanitaria ha llevado a los municipios a reforzar algunos servicios, trabajar horas extras e impulsar planes de asistencia a familias afectadas en momentos en que sus ingresos han caído considerablemente producto del impacto económico del Coronavirus en la población y el límite impuesto por la regla fiscal.
“En el caso específico de la Municipalidad de San José, de no aprobarse el Proyecto de nos veríamos obligados a iniciar una reducción de la planilla en los próximos meses. Estimamos que, en el mes de julio, tendríamos que prescindir de al menos 300 trabajadores de las áreas operativas; si sumamos el mismo fenómeno en otros municipios estaríamos agravando el creciente desempleo y profundizando la crisis económica y humana que ha sido provocada por la pandemia”, advirtió el alcalde de San José.
Agregó que la situación los obligaría también, a partir de mayo, a suspender algunos servicios privados en barrido de calles y recolección de residuos sólidos que no podrán ser cubiertos por la propia municipalidad, así como el pago de horas extras en servicios tan importantes como la Policía Municipal.
