Implementar la Ley de Empleo Público para complicarse para el gobierno.
Por un lado, gobiernos locales como el de Paraíso y el de Esparza oficializaron su oposición a esta nueva legislación. Además, la Asociación de Empleados Públicos (ANEP) presentó un recurso ante la Sala Constitucional con el fin de impedir que se logre poner en vigencia.
Como “cereza en el pastel”, el legislador liberacionista Gilbert Jiménez, presentó una iniciativa para retrasar la implementación de la ley hasta por dos años; ese proyecto está en este momento en estudio por parte de los legisladores.
El Gobierno defiende la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público a partir del 10 de marzo. Entre las razones que ha presentado el Ejecutivo, en la persona de Laura Fernández, Ministra de Planificación están: que este es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que existen transitorios para que ley no afecte de forma inmediata y que el tiempo para oponerse ya pasó.
Sobre esa línea el gobierno propone que la nueva legislación se ponga en vigencia y que de manera paralela se presente un proyecto para hacerle mejoras.
Esta opción no parece contar con el apoyo de varios legisladores y de otros sectores que se sienten afectados.
