Tras el aumento en las últimas semanas de casos por intoxicación debido al alcohol adulterado, en la Asamblea Legislativa avanza el proyecto de Ley 20.961, presentado por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
El documento denominado “Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, pretende regular la venta de licores adulterados y evitar un aumento en casos como los vividos en los pasados días.
Datos del Ministerio de Salud revelan que actualmente se contabiliza un aproximado de 13 fallecimientos sospechosos de intoxicación a causa del alcohol adulterado con metanol. Los casos se dan en San José, Guanacaste, Cartago, Heredia y Limón.
“Como parte de la Asociación lamentamos las muertes ocurridas por la ingesta de alcohol modificado y hace tiempo atrás presentamos varios textos a los señores diputados y salió el expediente que ahora está en la corriente legislativa. Es un tema de gran preocupación y ahora se ha venido manifestando en la muerte de algunas personas lamentablemente”, expresó el Alcalde de San Ramón y miembro activo de la Junta Directiva de la ANAI, el señor Nixon Ureña.
Por el momento se ha decomisado 20.806 recipientes los cuales serían fraudulentos para los compradores finales. Estadísticos recopilados por la ANAI, sintetizan la recaudación de impuestos en bebidas alcohólicas.
“Por acuerdo de Junta Directiva de la ANAI aprobamos combatir y luchar con las irregularidades que encontramos en nuestros cantones y una de ellas es la adulteración y el contrabando. Eso se ha venido convirtiendo en un problema social en las comunidades y a partir de ahí nos acercamos a la Asamblea Legislativa para proponer ciertas propuestas para erradicar y de ahí sale el proyecto 20.961”, sintetizó el alcalde.
Para el 2010 la cantidad fue de ₡ 28.034, en el 2014 ₡ 36.293 y para el 2016 ₡ 43.399 (cifras en millones), con la aplicación del proyecto de Ley se estimaría una percepción de 101.303 millones de colones.
“Hablamos de un mercado de 43 millones de colones lo que recauda Hacienda en este momento y un 60% no está siendo recogido, a través del régimen municipal estamos buscando un instrumento que nos vuelva más eficientes a la hora de enfrentar este tipo de problemática social que vivimos en estos momentos”, dijo Ureña.
Además, facultaría a los policías municipales aportar y colaborar en los decomisos de diferentes establecimientos en cada cantón. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda establecería una tecnología de registro en las bebidas alcohólicas nacionales e internacionales mediante códigos QR y etiquetados que logren la identificación necesaria.
“Con esta tecnología permitirá saber de dónde viene ese licor y si ingresa al país de la manera correcta y si no es modificado en el trayecto de venida. Con esto los oficiales municipales llegarían al sitio a realizar un escaneo de las diferentes botellas y nos daría la certeza si hay adulteración, modificación o contrabando de licor y así cerrar el comercio por un mínimo de 15 días”, enfatizó el jerarca municipal.
Estudios destacados por la empresa Euromonitor International (2015) indican que, por año en Costa Rica, ingresa 100.000 cajas de licor de contrabando con pérdidas de más de $40 millones anuales.
El expediente 20.961, señala,
“Según cifras de algunos ministerios internacionales y
otras que maneja el Ministerio de Hacienda, la evasión fiscal deja pérdidas
diarias al país, de un 4,6% en total del producto interno bruto, lo que
equivale a 3.990 millones de colones.
En la zona sur, a 35 kilómetros de la frontera con Panamá se encuentra un
puesto policial, conformado por oficiales de Control Fiscal y Policías de
Fronteras, quienes decomisan constantemente: botellas de licor, cigarros,
joyería, medicamentos y ropa, cuando son ingresados al país, de forma ilícita y
evadiendo los respectivos impuestos. Las pérdidas rondan, los 2 millones 770
mil colones el minuto, 166 millones de colones la hora, 3.990 millones de
colones el día y 166 millones de colones la hora, por cada evasión.”
Actualmente, el proyecto de Ley se discute en la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa.
Nixon Ureña, alcalde de San Ramón.
