No es justo que las instituciones que generamos nuestros propios recursos tengamos que apegarnos a la regla fiscal, cuestionó el alcalde Johnny Araya, en su discurso de este domingo, 15 de setiembre, en el acto de celebración del 198 aniversario de la Independencia patria.
También aclaró que deberían eliminarse los privilegios insostenibles en las instituciones públicas.
“Es necesario recortar el gran gasto que provocan al Estado rubros insostenibles que benefician a unos pocos”, cuestionó Araya.
La regla fiscal es una directriz del Ministerio de Hacienda que impone un tope de crecimiento del 4,7 % en los gastos corrientes de los gobiernos locales para el próximo año.
Araya se une así a las voces que en las últimas semanas han solicitado al gobierno central que excluya a las municipalidades de esta limitación.
Cómo adelantó Eco Municipal, Marcela Guerrero, presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), también se había manifestado en ese sentido.
Según la jerarca, luego de analizar la situación tomó la decisión de apoyar los esfuerzos municipalistas contra esta medida, en especial a través de un proyecto de ley que espera ser visto en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, Laura Chaves, alcaldesa de Alajuela, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la directriz de Hacienda.
Su argumento radica en que el artículo 170 de la Constitución Política da autonomía a los municipios para dictar sus presupuestos, y que el artículo 175 establece que es la Contraloría General la que debe aprobarles estos planes de gasto.
Además, la medida ha sido cuestionada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), las cuales promueven un proyecto de ley para que sean los diputados los que excluyan al sector de la regla fiscal.
A criterio de Karen Porras, directora ejecutiva de UNGL, la situación de los municipios es muy distinta a la del gobierno central y al de los otros sectores que piden salir de la regla fiscal.
Estos son los principales argumentos planteados por Porras y Carlos Andrés Rodríguez, director de Incidencia Política de la Unión de Gobiernos Locales, en una reunión con un equipo de Eco Municipal.
- Sólo el 4,8% de los presupuestos municipales se financia con deuda, contra el 45% del Gobierno central.
- Del presupuesto nacional solo se les gira un 1,19%, principalmente para reparación de vías, definido por ley.
- De ese porcentaje, sólo el 0,08% se emplearía para financiar gasto corriente, lo que corresponde a ₡350 millones.
- No se puede comparar con las transferencias a las universidades y la Caja del Seguro Social, pues las primeras reciben 83 veces más que las municipalidades y la Caja 40 veces.
- Los gobiernos locales ya poseen una regla fiscal que les impide financiar gastos corrientes con ingresos de capital.
- El porcentaje destinado a gastos generales de administración no debe exceder el 40% de los ingresos ordinarios municipales.
- Pone en riesgo programas de seguridad, recolección de residuos, aseo de vías, incorporación al Sistema de Compras Públicas y actividades culturales, sociales, deportivas.
