El Decreto 44263-MOPT, que entra en vigencia el próximo 10 de julio, pretende trasladar la responsabilidad de ciertas vías nacionales, poco más de 3 mil kilómetros, a los gobiernos locales sin proporcionar los recursos económicos necesarios para su mantenimiento.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifiesta su preocupación y rechazo a dicho decreto en su contenido actual y así se le ha manifestado al señor ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, y al señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Los motivos de dicha preocupación son los siguientes:
Mediante el decreto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende trasladar 3071 kilómetros de rutas nacionales que debe atender de conformidad con la ley. Para cumplir esta tarea el CONAVI tiene asignado un porcentaje del 21,75% del impuesto a los combustibles.
Solo para el año 2023, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) cerró con un superávit de ¢9.306,8 nueve mil trescientos seis millones de colones, (fuente: informe de ejecucion presupuestaria del conavi año 2023). Es decir el CONAVI cuenta con recursos para atender la red vial nacional, sin embargo no los ejecuta.
Las municipalidades debemos atender con escasos recursos que se transfieren a cada gobierno local 38032 kilómetros de la totalidad de la red vial de Costa Rica. Mientras tanto el CONAVI tiene la responsabilidad sobre 7939 kilómetros de la red vial del país. Tal como indica el LANAME de la Universidad de Costa Rica, la red vial cantonal es treinta veces mayor que la red vial nacional.
Por esta razón la intención del decreto 44263-MOPT de trasladar 3071 kilómetros de la red vial nacional para ser atendidos con el mismo presupuesto para los cantones es inviable. Desde que se creó la ley 8114 en el año 2001, que en su artículo 5 asigna recursos del impuesto de los combustibles para las que las Municipalidades atiendan la extensa red vial cantonal. Todas las municipalidades del país han venido haciendo un gran esfuerzo para atender las necesidades de las comunidades y sus calles y caminos. En ese esfuerzo, se han desarrollado los planes quinquenales con el objetivo que de manera ordenada y planificada se vayan recuperando las carreteras y caminos cantonales.
La imposición del decreto 44263-MOPT echará a perder esa planificación, trayéndose al suelo las ilusiones de miles de costarricenses que han confiado en las Municipalidades para ver una mejoría en sus caminos. Esto debido a que de ejecutarse dicho decreto deberemos atender grandes cantidades de kilómetros de caminos, antes responsabilidad del MOPT- CONAVI, sin contar con un presupuesto adecuado y suficiente para cumplir con las responsabilidades que se nos quieren imponer.
Sobre la inconstitucionalidad del decreto 44263-MOPT. Ante la realidad expuesta, los gobiernos locales deben prepararse para la defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos de cada cantón. Por eso desde la UNGL se hace un análisis de la eventual inconstitucionalidad del decreto cuestionado, por violentar la autonomía Municipal y la reserva de ley contenidos en el artículo 170 de la Constitución Política y a la Ley que desarrolla este artículo que es la Ley 8801.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República para que reconsideren esta medida. La UNGL está dispuesta a trabajar en conjunto para encontrar soluciones viables y equitativas, que permitan que la infraestructura vial continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades.
La autora es Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y alcaldesa de Aserrí.
