En el marco de la conmemoración del Día del Régimen Municipal, en medio de las celebraciones por los 200 años de la Independencia de Costa Rica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) entregó al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado Daniel Ulate, un proyecto de ley, el cual impulsa que se transfiera a los gobiernos locales las competencias en materia de equipamiento y infraestructura educativa.
A este respecto, el presidente de la UNGL, Johnny Araya Monge, indicó: “Hoy, en esta fecha tan significativa, día de nuestro Régimen Municipal, damos un paso al frente en impulsar los procesos de descentralización plenos, efectivos y reales, que doten a las Municipalidades no solamente de la transferencia de nuevas competencias, sino también de recursos económicos necesarios. Damos un paso al frente, con seguridad, optimismo y confianza de que los Gobiernos Locales tienen las capacidades para identificar, así como solucionar los problemas de nuestros ciudadanos y de asumir nuevas competencias”.
La iniciativa de ley que presentó la Unión Nacional de Gobiernos Locales a los diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales presentes en la actividad busca seguir con el impulso al proceso de descentralización del país según lo establece la Ley No. 8801. Se le consignó el nombre SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
Con el proyecto se busca transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada. Al dotar a las Municipalidades de estas funciones y recursos se busca garantizar un mayor grado de efectividad y eficiencia en la ejecución de los fondos públicos que se invierten en educación.
Al 30 de junio de 2021, las juntas inscritas al Ministerio de Educación Pública superan las 4000 y este sistema provoca el atraso en la atención de las obras; además, hay que sumarle más de 266 órdenes sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de más de 400 proyectos para la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en caja única del Estado, de más de ¢20 mil millones asignado a las juntas, a la espera de su ejecución.
Según la UNGL, “las Municipalidades, tienen la capacidad instalada, como son las proveedurías, dirección de obras y personal altamente preparado, calificado y especializada en la contratación de obra pública, muy diferente del quehacer diario del MEP; así como la experiencia adquirida a lo largo de los años en apoyo a las reparaciones, mantenimiento y otras obras de los centros educativos de su territorio”.
Históricamente las municipalidades han apoyado la infraestructura de centros educativos, a través de las habilitaciones establecidas en los artículos 71 y 179 del Código Municipal y de la Ley No. N° 7552, sin embargo, este proyecto de ley da un giro hacia la descentralización de la competencia con sus respectivos recursos del Poder Ejecutivo.
Para ello, se transfiere el presupuesto de infraestructura del MEP a los Gobiernos Locales que deberán crear una Junta de Equipamiento e Infraestructura Educativa Municipal que será la encargada de planificar de manera quinquenal la asignación de los recursos, así como mantener el inventario de necesidades de infraestructura y atender las peticiones de la comunidad. Adicionalmente, de prosperar el proyecto de ley, se creará una Unidad Técnica que apoye el trabajo de infraestructura educativa municipal.
