El alcalde de San José, Johnny Araya Monge interpuso esta mañana ante el Tribunal Contencioso Administrativo un “proceso ordinario de conocimiento” en contra de la Contraloría General de la República (CGR), impugnando la legalidad de la sanción de 30 días de suspensión, por el pago de ¢256 millones a una empresa de parquímetros.
“Desde que fui notificado el año pasado, de la sanción por parte del ente contralor, adelanté que cuestionaría dicha resolución en sede contenciosa administrativa”, indicó Araya por medio de un comunicado.
“Los argumentos en los que fundamenta la CGR esta sanción, que, dicho sea de paso, ya he cumplido, no tienen sustento jurídico ni fáctico y se basan en razonamientos que no corresponden a la realidad de los hechos”, añadió el alcalde capitalino.
Según Johnny Araya, la Municipalidad de San José, después de un largo proceso, que se inició desde el año 2013, cuando yo él no era alcalde, tomó acciones apegadas al ordenamiento jurídico en el año 2018, en relación con el contrato de la empresa Setex, la cual se encarga de administrar el servicio de estacionamientos en espacios públicos en la ciudad de San José. Las mencionadas acciones estuvieron orientadas a mantener el equilibrio económico financiero de la contratación que existía con dicha empresa, producto de una licitación pública, instrumento absolutamente legítimo y normado en nuestra legislación.
A la empresa Setex se le reconoció una indemnización inferior al 50% del monto total de su reclamo. Con estas acciones, la municipalidad evitó una inminente demanda judicial, la cual, según abogados de la institución, tenía un alto grado de probabilidad de que prosperara, lo que obligaría a la municipalidad a un pago muchas veces mayor a lo que fue el monto de la indemnización reconocida.
“La empresa sustentó su reclamo en un hecho objetivo y real, el cartel de licitación que dio pie a esta contratación estaba ligado a un estudio de factibilidad hecho por funcionarios de la propia municipalidad que erróneamente planteó escenarios de ocupación de los espacios de estacionamientos totalmente sobredimensionados. Se estimaron cifras de ocupación de los espacios más del 100% más altas de lo que en la realidad ocurrió”, continuó explicando el líder municipal.
Araya explicó que, gracias al acuerdo alcanzado con la empresa, se logró mantener la continuidad de un servicio que ha sido de gran utilidad para miles de usuarios y para la ciudad misma.
“Como un beneficio absolutamente probado en la contabilidad municipal, el poder mantener el mencionado contrato también permitió que los ingresos recibidos por la municipalidad por dicho servicio aumentaran exponencialmente año con año, al punto que hoy figura entre los cinco ingresos más importantes de la institución”, añadió el jerarca.
Johnny Araya indicó que La demanda judicial que ha presentado “desvirtúa categóricamente los argumentos de la CGR, que desconoció todos los antecedentes que precedieron el reconocimiento por desequilibrio económico a favor de la empresa Setex. Según la resolución del ente contralor había ausencia de estudios técnicos y financieros que respaldaran la decisión de la municipalidad, razonamiento absolutamente falso”.
El alcalde de San José aseveró que previo a que el Concejo Municipal aprobara dicho acuerdo, mediaron criterios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, estudios técnicos y financieros y hasta un estudio especial de la Auditoría Interna que él solicitó, que sirvieron de respaldo a lo resuelto por las diferentes instancias de la municipalidad. “Nos sorprendió que la CGR desconociera y pasara por alto la existencia de estos criterios y estudios previos que sirvieron de base tanto al alcalde para recomendar el arreglo en cuestión como al Concejo Municipal para aprobarlo, pero especialmente nos sorprendió que el órgano contralor no lograra ponderar correctamente la génesis que propició el desequilibrio económico en función de la naturaleza jurídica del contrato que estaba siendo analizado”.
Araya concluyó indicando que: “estamos solicitando que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la resolución que sobre este caso tomó la CGR y en consecuencia la ilegalidad de la sanción impuesta. También solicitamos que se condena a la Contraloría general de la República por daño moral y el pago de las costas del proceso”.
