Una acción de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en contra de la Ley de Empleo Público fue admitida por la Sala Cuarta.
La Ley de Empleo Público entró en vigencia el 10 de marzo en medio de críticas, debido, entre otras razones a que incluye empleados judiciales, municipales y universitarios, a pesar de que estos cuenten con autonomía.
Durante los días previos a la puesta en vigencia de la ley, muchos Concejos Municipales apuraron acuerdos para que sus funcionarios no fueran impactados con esta legislación, al declarar sus puestos como “exclusivos y excluyentes”, algo que fue criticado por el gobierno.
La expectativa inicial fue que gracias a la Ley de Empleo Público, el Estado costarricense se ahorraría unos ¢309 mil millones al año. Sin embargo, ahora el nuevo cálculo es de 200 mil millones.
Según el documento presentado por la ANEP y firmado por su secretario general, Albino Vargas, la Ley de Empleo Público afecta tres derechos y de principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
