El régimen municipal, representado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), se manifestó en contra del decreto 44263-MOPT emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que indica que los gobiernos locales deberán a atender algunas vías nacionales.
Este decreto pretende trasladar 3071 kilómetros de rutas nacionales secundarias y tercierias a los gobiernos locales, pero sin transferirle los recursos necesarios para atenderlas, lo que obligaría a las municipalidades a ocuparse de las vías, pero con los recursos ya presupuestados de este año para la atención vial de las rutas cantonales que les corresponden..
Ante esto, la UNGL y ANAI se manifestaron en contra de lo que ellos llaman una “imposición del gobierno”.
La alcaldesa de Aserrí y presidente de la UNGL, Patricia Porras, indicó que le manifestó su preocupación y rechazo al ministro de MOPT, Mauricio Batalla, y al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Porras aseguró que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) cerró el año pasado con un superávit que le permitiría atender esas rutas.
“Solo para el año 2023, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) cerró con un superávit de ¢9.306,8 nueve mil trescientos seis millones de colones, (fuente: informe de ejecución presupuestaria del CONAVI año 2023). Es decir, el CONAVI cuenta con recursos para atender la red vial nacional, sin embargo, no los ejecuta”, indicó.
La jerarca municipal dijo que este decreto, además, se traería abajo los planes quinquenales planificados por cada una de las municipalidades del país, ya que al ejecutarse se deben atender estos kilómetros de carretera que antes eran responsabilidad del MOPT y CONAVI.
Añadió, además, que los gobiernos locales deben de prepararse para defender sus derechos y los intereses de sus ciudadanos, a la vez que presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Gobierno por violentar la autonomía municipal.
Por su parte, la ANAI también manifestó su preocupación.
“Nos oponemos al decreto 44263 y en una carta al señor presidente y al ministro de Obras Públicas y Transportes, le hemos pedido que derogue ese decreto para que de inmediato se active una mesa de dialogo y negociación”, indicó Maikol Porras, alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.
Al mismo tiempo, la alcaldesa de San Ramón y vicepresidente de la ANAI, Gabriela Jiménez, comentó que el traslado no se puede hacer vía decreto ya que también es competencia de la Asamblea Legislativa
“Debe ser a través de la Asamblea Legislativa por un proyecto de ley que se nos trasladen estas obligaciones y que se pueda compensar con el traslado de los recursos económicos”, indicó Jiménez.
Jiménez lamentó las formas en las que el Gobierno está realizando el traslado, alegando, que Costa Rica ha sido un país que se ha caracterizado por ser negociador y conciliador, además, de respetar la institucionalidad democrática y el Estado Social de Derecho.
Por su parte, Fabiola Granados, alcaldesa de Alvarado indicó que en su mayoría las rutas que les están trasladando se encuentran en mal estado.
“Nos están asignando rutas que han tenido bastante abandonadas desde hace tiempo, incluso, dentro de una de mis rutas hay que hacer un puente. De igual manera, también esta un tema de, bueno según la programación que nos dieron para 2025 a Alvarado le están haciendo un rebajo de mil millones de colones en el presupuesto”, cerró.
Son alrededor de 70 las municipalidades que tendrían que atender estos kilómetros de rutas de más que en su mayoría pertenecen a zonas rurales, y el decreto entraría en vigor a partir del 10 de julio de este año.
Las zonas a las que se les trasladarán más kilómetros son: San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).
