Desde el pasado fin de semana el malestar en las comunidades ha sido más evidente debido a las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno, como medida para contener la pandemia.
Uno de los casos más comentados fue el del alcalde de Garabito, Tobías Murillo, quien desafió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), amenazando con irrespetar las medidas, cuando conoció que este cantón había sido declarado en alerta naranja. Al final la CNE cambió la alerta a amarilla, argumentando que todo se debió a un error.
Al caso de Garabito se unen las manifestaciones de los alcaldes de Cartago, Oreamuno, Cañas, San Ramón, Osa y Liberia, quienes también han criticado la forma unilateral en el que el gobierno aplica medidas como: restricción vehicular, apertura y cierre de locales y el horario de los mismos.
Las manifestaciones hechas por las autoridades locales han contado con apoyo de la ciudadanía, mucha de la cual sufre los efectos de la crisis económica, la misma el gobierno trata de paliar, por medio de bonos; siempre y cuando se apruebe el presupuesto extraordinario, el cual incluye importantes recortes en inversión pública.
Hoy vecinos de Santa Ana se manifestaron frente a la casa del presidente de la República, Carlos Alvarado, mientras que otra protesta se dio en San Ramón, lo cual es otra muestra del descontento popular.
Hasta el momento el gobierno se ha mantenido firme en que las medidas impuestas buscan detener una ola de contagios, que sature las salas hospitalarias, sin embargo, la presión para que se reabra la actividad económica sube a niveles críticos.
¿Se sentará el gobierno a negociar con las autoridades locales un posible desahogo para los comerciantes? Esa parece ser la vía correcta.
