La Unión de Gobiernos Locales, UNLG, solicitó formalmente a las autoridades del Ministerio de Hacienda una explicación por el recorte de 1000 millones de colones en transferencias para atender proyectos comunales.
La noticia cayó como un balde de agua fría para las municipalidades, ya que este recorte deja pendiente de un hilo la realización de obras en prácticamente todo el país.
“La mayoría son proyectos pequeños, pero que en su conjunto generan un importante impacto en las comunidades. Nos preocupa que cantones afectados por emergencias, como por ejemplo, Upala, que resultó muy golpeado por el Huracán Otto, sea también víctima de este ajuste”, indicó Eugenia Aguirre, encargada del programa de Incidencia Política de la UNGL.
“Sabemos que existe un déficit fiscal, pero aún no sabemos si es que ese dinero que no se girará, va usarse para contrarrestar esa situación, en este momento no tenemos una justificación oficial, que nos aclare esta decisión”, dijo la funcionaria.
Aguirre también señaló que los dineros provenientes de la Ley 9329, que es la primera ley de transferencia de recursos y de competencias del Estado a los Gobiernos Locales, no pueden ser usados para financiar este tipo de proyectos, ya que estos recursos tienen un destino específico.
El malestar es generalizado en el sector municipal que exige respuestas del Ministerio de Hacienda por la polémica decisión.
Eugenia Aguirre, encargada del programa de Incidencia Política de la UNGL.
