En ocasiones, una idea que parece atractiva a primera vista puede plantear serias dudas sobre su pertinencia y viabilidad después de un análisis exhaustivo. Esto es precisamente lo que ocurre con la idea de crear energía eléctrica a partir de la incineración de residuos sólidos urbanos. Quien se quede en lo superficial, lo consideraría una oportunidad perfecta para solucionar el problema de los residuos y de paso, generar electricidad; sin embargo, esta suposición dista enormemente de la realidad si se toman en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos en el mediano y largo plazo.
Ha sido ampliamente estudiado cómo procesos de destrucción térmica de residuos (ya sea incineración, gasificación, plasmagasificación) pueden generar dioxinas y furanos, ambos de los compuestos químicos más peligrosos producidos por el ser humano; los cuales, se pueden dispersar en el aire, suelo y en las aguas para terminar bioacumulándose en la cadena alimentaria. De hecho, según la Organización Mundial para la Salud, más del 90% de la exposición humana a este tipo de contaminantes se produce por medio de los alimentos, particularmente de los productos cárnicos, lácteos, pescados y mariscos, pudiendo provocar ciertos tipos de cáncer, alteraciones de la función hepática, lesiones cutáneas, daños al sistema nervioso, malformaciones en fetos y afectaciones al sistema endocrino y reproductor.
A los riesgos sanitarios se le suma la posible afectación económica de aquellas personas que basan su sustento en el aprovechamiento de materiales valorizables, ya que la incineración impacta encadenamientos productivos que brindan alternativas de ingresos a grupos poblacionales que suelen estar excluidos del sistema económico. En Costa Rica hay cientos de personas que se dedican de forma directa a la gestión integral de residuos en todas sus etapas. En este grupo van incluidos desde recicladores de base hasta empresas formales que se apoyan en la ciencia y la tecnología para aprovechar los residuos valorizables.
Además, las incineradoras ejecutadas rigurosamente son costosas de construir y operar. En lugares en los que existen las alternativas de incineración como método de disposición final, el costo por cada tonelada de residuos es mayor a $100 -sin incluir la amortización de la inversión inicial-, mientras que actualmente, para las municipalidades de Costa Rica el costo promedio de disposición final está entre los $15 y $20 por tonelada métrica, lo cual puede ser verificado en el sistema de compras SICOP. Hablamos de un costo de 5 veces mayor al que pagan actualmente nuestros municipios; esta diferencia requeriría ser cubierta con recursos que se dedican ahora a otras necesidades comunales, o bien, que tal déficit llegue a ser financiado por la población vía impuestos.
Ciertamente en el manejo de la “basura” no existe una solución mágica; lo que si no podemos obviar es que vivimos en un mundo finito con recursos limitados, los cuales deben de ser recuperados, transformados y reutilizados al máximo posible. Por el contrario, todos estos métodos de destrucción que proponen la generación de electricidad a partir de la energía contenida en los residuos, destruyen precisamente esas materias primas que se deben salvar para el futuro.
Ante este panorama, la ruta hacia el fortalecimiento de una economía circular real continúa siendo la opción más sostenible; vigorizando la industria de la gestión de residuos mediante incentivos a quienes recuperen y transformen estos “commodities” residuales. Esto permitiría contar con materia prima local, de alta calidad y depender menos de los mercados internacionales; mientras el modelo de economía circular va abriendo oportunidades de innovación y de empleo acordes a las que el mundo actual busca para la construcción de un presente y futuro más sostenible, en concordancia con nuestra marca país verde y diferenciadora.
Adrián Castro Ureña
Vicepresidente Cámaras de Gestores Ambientales (CAMGESA)
