Con 44 votos a favor y solo tres en contra los diputados aprobaron esta tarde el proyecto de ley 21.922, que les permite a los gobiernos locales apoyar al contribuyente y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia por el Coronavirus.
La iniciativa concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los abonados y medidas para la ampliación de arreglo de pago de tributos municipales.
También faculta a los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios por las medidas sanitarias a suspender hasta por 12 meses el uso de la patente municipal, para que no siga pagando este rubro.
En tanto que da luz verde a los gobiernos locales para no aplicar la regla fiscal, al permitirles utilizar el superávit en la atención de la emergencia, en compensar la reducción de ingresos y en financiar los servicios básicos como recolección de residuos, agua y policía municipal.
Los representantes del sector municipal habían solicitado darle trámite expedito a este proyecto ante la amenaza de despidos masivos y la suspensión de servicios por la escasez de recursos.
En el caso de la Municipalidad de San José, el alcalde Johnny Araya había advertido que sin la ley de flexibilidad aprobada esta tarde habría tenido que suspender en mayo el contrato con la empresa que limpia los espacios públicos y en julio habría recortado unas 300 plazas.
Por su parte, para Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), esta noticia la llena de alegría ya que representa un apoyo sustancial a las autoridades municipales que estarán asumiendo sus cargos este viernes 1º de mayo.
Agregó que si bien el país está en la fase de respuesta de la emergencia donde la prioridad es salvaguardar vidas, se tiene plena conciencia de que el impacto colateral económico es muy serio y se deben dar alternativas a los gobiernos locales para enfrentarlo en mejores condiciones.
