Los diputados que integran la comisión que atienden los temas municipales archivaron esta mañana el proyecto de ley 21.430 que procuraba ampliar la autonomía del régimen municipal.
De acuerdo con la bancada del Partido Acción Ciudadana, el rechazo se dio para evitar que las municipalidades se brincaran las reglas de contención del gasto público establecidas en la reforma fiscal aprobada en 2018.
Además, cuestionaron que esta iniciativa promovía también la eliminación de las normas que restringen el aumento del salario de los alcaldes.
El anuncio del rechazo lo hizo el diputado oficialista Luis Ramón Carranza, quien destacó que con la medida fueron coherentes con la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y con la necesidad de economizarle recursos al país y eliminar privilegios que aún existen.
El proyecto en discusión promovía, en términos generales, que se reconociera y fortaleciera la autonomía constitucional que posee cada uno de los gobiernos locales en Costa Rica.
Justificaba que los gobiernos locales tienen la potestad de auto dirigirse políticamente y, en ese sentido, procuraba reformar la normativa que faculta al Estado a fijarles, mediante las potestades de planificación y dirección inherentes a la tutela administrativa, los fines u objetivos a alcanzar.
Y es que los proponentes cuestionaban que el haber incluido a los gobiernos locales dentro del capítulo del ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el sector público, lesionó la autonomía municipal en sus acepciones normativa, administrativa y tributaria.
La propuesta también destacaba que el escenario en el que se desenvuelven las municipalidades es muy distinto al que presenta el gobierno central y que supeditar su accionar a las rectorías del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, al Ministerio de Hacienda o a la Dirección General del Servicio Civil, lesiona la autonomía municipal, creando relaciones de jerarquía donde no existen, constituyendo intromisiones a la competencia municipal, que se define como específica, exclusiva y originaria, dentro del ámbito local.
Entre abril y mayo de este año se desató un fuerte debate sobre un panorama semejante, cuando se aprobó la ley que excluyó a los gobiernos locales del cumplimiento de la regla fiscal.
De esta manera, se facultó a los municipios a aumentar sus gastos corrientes en más de 4,67%, que fue el límite fijado por Hacienda, aunque sí mantuvo el límite de crecimiento en los recursos que les gira el Poder Ejecutivo al régimen municipal.
Al final el proyecto fue aprobado por el Congreso y, pese a que el ministro de Hacienda de entonces le pidió al presidente Carlos Alvarado vetar la ley, no escuchó la sugerencia ni las presiones de sectores y la firmó el 20 de mayo.
