Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas, no tiene la menor duda de que su detención, el miércoles de la semana pasada por una denuncia por supuesta malversación de fondos, se trató de un desquite político.
Asegura que no hubo tal malversación de fondos, porque al dinero que se cuestiona se le dio el uso que definió el concejo municipal y el delito que se investiga es cuando se le da un destino distinto al que se le fijó.
Pero lejos de pensar que esta exposición le pueda afectar su deseo de reelegirse el próximo 2 de febrero, considera que más bien le abre la oportunidad para evidenciar el manejo político que hay detrás y mostrar que la razón del desquite es el avance que ha logrado al frente de la Municipalidad.
En esa línea dijo que entiende que los rivales tengan miedo, si en su gestión catapultó a Puntarenas en el ranquin de gestión municipal elaborado por la Contraloría, al ascender 31 puestos y tenerla ahorita en la casilla 27, muy por encima de la posición 58 en que la agarró.
Además, destacó que en 2018 logró el segundo mayor crecimiento en dicha medición y de que, a pesar de las malas condiciones económicas que enfrenta el cantón de Puntarenas, logró incluir recursos extras para obras en el presupuesto del año entrante.
“Si me preguntan, esto evidencia que es un desquite político, miedo a que las cosas se están haciendo (…) la gente debe entender que son los que han estado siempre al frente de la municipalidad los que quieren volver”, aseguró el alcalde, en una entrevista exclusiva con Eco Municipal Radio, difundida este viernes 1º de noviembre en CRC 89.1 F.M.
Hubo elementos que se presentaron en su detención que le hacen pensar a Chavarría de esa manera, entre ellas, dijo, la poca objetividad de los fiscales que participaron en el allanamiento.
“Cuando usted ve que los fiscales no son totalmente objetivos con tu persona y te dicen en la cara y te lo vuelven a repetir, sos un delincuente repetitivo, tenés tres causas acá y por eso quiero que lo saquen del trabajo, porque él está acostumbrado a delinquir, eso me dijo el fiscal cuando yo no he sido juzgado por ninguna causa”, cuestionó Chavarría.
En ese sentido, reconoció que tiene tres causas en investigación, pero no ha sido condenado y no es ningún delincuente.
“Yo estoy claro, la función pública es algo a lo que el ministerio público debe tener siempre pendiente, pero no pueden tratar a alguien así si todavía no he sido condenado, a mí que me digan delincuente cuando me hayan condenado”, destacó Chavarría.
También cuestionó el desconocimiento que tiene el Poder Judicial en el manejo municipal, por lo que instó a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (Anai), a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y a los partidos políticos a capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos y agentes del Organismo de Investigación Judicial sobre el régimen municipal.
“Es necesario dar a conocer cómo funciona el régimen municipal; las competencias de cada uno de los jerarcas, pero también de los que tienen responsabilidades y competencias debajo de nuestros puestos”, destacó.
Y es que aseguró que a veces el alcalde asume responsabilidades sin tenerlas y puso de ejemplo este caso en el que se le está investigando por firmar dos documentos que lo que decían era que se debe cumplir con un acuerdo aprobado por el concejo municipal.
“Con el criterio de un funcionario es que te están llevando a la cárcel, te están metiendo preso y se puede perder el trabajo, pero quién evalúa si el criterio del funcionario está bien o está mal; por qué el criterio de un subalterno va a estar por el criterio de una jefatura”, se cuestionó.
Aseguró que en el caso que se le investiga, la directora de Hacienda validó la actuación, pero el contador y la tesorera tuvieron criterios distintos y no existe un órgano superior donde consultar si el procedimiento que se siguió estuvo bien o estuvo mal.
En ese caso, consideró oportuno modificar la normativa para involucrar a la Contraloría General de la República en estos casos, para que resuelva cuál de los criterios es el que impera.
“Resulta que llega un fiscal o un juez y se apega al criterio del tesorero o al criterio del otro y (para ellos) no vale el criterio de la directora de Hacienda (…) ya se está condenando sin tener el criterio del ente rector en el tema de finanzas”.
A Chavarría y diez funcionarios de la comisión de festejos populares de la Municipalidad de Puntarenas se les investiga porque no se devolvieron ¢10 millones que les aprobó el concejo municipal para organizar los carnavales en el cantón central.
Por acuerdo municipal debían devolver esos recursos con el aporte que dieran los patrocinadores o ganancias que produjeran los festejos, pero Chavarría comentó que no fue posible porque el evento más bien dejó pérdidas.
Dejó claro que él no participó en la organización ni en el manejo de los recursos y que el presupuesto para la actividad no se giró a ninguna persona, sino que se abrió una cuenta municipal para darle trazabilidad a los recursos en todo momento.
