El proyecto que procura que todas las empresas que producen e importen cemento paguen un impuesto municipal del 5% mantiene divididos a los gobiernos locales de Guanacaste.
Consiste en una reforma que busca eliminar una distorsión que tiene el mercado pues en la actualidad solo pagan el tributo cementero las empresas que producen en Guanacaste, Cartago y San José, generando una competencia desleal con respecto a los que producen en otras provincias o importen el producto.
Los recursos que se generan a partir de ese tributo sirven para financiar programas y obras comunales.
Pero un grupo de municipios, entre los que destacan Abangares, el distrito de Colorado, Liberia y Carrillo, está a favor de modificar la distribución actual del impuesto para girarle más al cantón de Abangares y a la Intendencia del distrito de Colorado, por ser en las comunidades donde se produce cemento en esa provincia.
Pero otro grupo, entre los que se encuentran Cañas, Tilarán, Bagaces y Nandayure, está en contra de hacer cambios a estas alturas, pues defienden que el presupuesto de 2020 lo elaboraron con base a los recursos que reciben por lo que en caso de redistribuir los ingresos del impuesto cementero les generaría un hueco financiero.
Esta división de criterios es lo que genera, en parte, que el proyecto de ley no avance en la corriente legislativa, ya que la división en Guanacaste se trasladó a la corriente legislativa, principalmente en la bancada de Liberación Nacional.
Esto luego de que la diputada liberiana Aida Montiel presentara mociones para que se le den más recursos a Abangares y Colorado, pero la mayoría de diputados verdiblancos se le enfrentaron en busca de mantener la distribución como está.
Las mociones buscan girarle un 40% de lo que genera el impuesto en las comunidades de Abangares y Colorado, que es donde se produce cemento, un 10% para las Asociaciones de Desarrollo y el 50% restante para los otros diez gobiernos locales de Guanacaste.
En la actualidad el impuesto se divide en partes iguales entre los once cantones guanacastecos y el distrito de Colorado, por lo que cada uno recibe un 8%.
Montiel y Anabelle Matarrita, alcaldesa de Abangares, aprovecharon que los diputados abrieron el debate para gestionar la reforma al impuesto cementero para tratar de incidir en procura de más recursos para Abangares y Colorado.
Para que el proyecto llegue a votación necesitará de que el Poder Ejecutivo lo convoque en el periodo de sesiones extraordinarias y que los diputados se pongan de acuerdo en la distribución.
Esta iniciativa fue presentada en la corriente legislativa en la administración anterior e incluso debió extendérsele su plazo cuatrienal, pues se venció en octubre pasado sin que los diputados le dieran trámite final.
