La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, no cede en su intención de que a los Gobiernos Locales se les aplique la “Regla Fiscal”, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que establece un tope al gasto de las instituciones públicas no financieras de un 4,67%
De acuerdo con la interpretación que ha hecho el ministerio, las municipalidades están incluidas en este tope, por lo que deberán hacer el ajuste indicado en el presupuesto de 2020; de incumplir esta disposición, se les improbarían los presupuestos.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) porque se respete la autonomía municipal; y al anuncio de un importante grupo de diputados de diferentes fracciones, de aplicar una vía rápida a un proyecto de ley que libraría a los ayuntamientos de esta limitación, la ministra mantiene su posición de que se aplique la regla sin excepciones.
La posición de la jerarca de Hacienda llama la atención, ya que abre un peligroso frente contra los Gobiernos Locales y hasta podría verse como algo innecesario, ya que los gastos municipales no tienen relación directa con las finanzas públicas del Estado central.
¿Quién ganará este pulso? Eso está por verse.
