El régimen municipal, representado por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) anunciaron formalmente que el gobierno la tendrá fácil para recortarle a las municipalidades ¢29.244,3 millones de colones destinado a la atención de las vías cantonales.
Este anuncio fue dado hoy en conferencia de prensa, en la que se advirtió la grave afectación para la ciudadanía que implica esta reducción en el presupuesto nacional 2022.
De acuerdo con las organizaciones esta decisión del ministerio de Hacienda es ilegal, dado que el impuesto a los combustibles – que con mucho esfuerzo pagan las y los costarricenses – debe ser transferido en un 22,25% a las municipalidades para la reparación y mantenimiento de más de 35 mil kilómetros de vías cantonales.
El Gobierno está presupuestando pasar únicamente un 15% de esos ingresos, dejando un vacío de 29 mil millones de colones para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.
Según el Presidente de la UNGL y alcalde de San José, Johnny Araya Monge, “La exclusión de las transferencias, no sólo es un acto contrario a la Ley, sino que podría tener graves repercusiones en las condiciones de movilidad urbana y en la calidad de vida de las comunidades, por lo que, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), se realizarán los esfuerzos necesarios, a escala jurídica y social, con el fin de presionar al gobierno para que cumpla con el orden legal vigente. De lo contrario, sería materialmente imposible para los municipios garantizar las reparaciones de las calles, lo que tendría consecuencias nefastas para la ciudadanía”.
Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), se presentó a la Asamblea Legislativa una moción para que sea analizada por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Ante la ilegalidad que se está presentando con dicho presupuesto, hemos acordado como líderes políticos cantonales presentar ante la Comisión de Asuntos Hacendarios una moción que devuelve de forma íntegra los dineros para mantenimiento y construcción de caminos cantonales, en cumplimiento de las leyes 8114 y 9329 y haciendo justicia al pueblo costarricense. Confiamos en que esta moción sea votada afirmativamente esta semana en la Comisión de Asuntos Hacendarios”, aseguró Horacio Alvarado, presidente de ANAI y alcalde de Belén.
Según Araya y Alvarado la no transferencia completa de estos recursos generará una serie de impactos drásticos, al menos 535 proyectos viales en más de 490 comunidades dejarán de ser atendidos, rutas que son de gran importancia para el turismo, la producción agrícola y el desarrollo de todo el país.
