Roberto Zoch, alcalde de Moravia, advirtió que, si los diputados no aprueban la ley de flexibilidad del régimen municipal en segundo debate y o si el Poder Ejecutivo se niega a firmarla para su entrada en vigencia, varios gobiernos locales del país caerán en cierre administrativo y quiebra.
Y es que esta iniciativa les excluye del cumplimiento de la regla fiscal que les impuso un tope del 4,67% al crecimiento del gasto corriente para 2020 y les permite, además, disponer el superávit operativo en la atención de la emergencia.
“Hemos topado con oposición fuerte del ministerio de Hacienda, de la Contraloría y de algunos diputados (…) hay dos posiciones, la de los que conocen el régimen municipal, y los que no lo conocen, los que nunca se han sentado para ser regidor o alcalde o ver como trabajamos con las uñas y ahora, con un tope al gasto corriente, no podemos generar nuevas plazas para atención de emergencia”, comentó Zoch.
Así, el alcalde moraviano sale al paso a la información que ha surgido en los últimos días con relación a la valoración que estaría haciendo el Poder Ejecutivo de vetar el proyecto, aprobado por los diputados en primer debate, desde el 30 de abril pasado.
A criterio de Zoch, dar marcha atrás a este proyecto convocado por el propio presidente Carlos Alvarado para su aprobación, demuestra un gran desconocimiento que tienen los jerarcas sobre el régimen municipal, al no dimensionar lo que implica que en este momento de crisis se le impongan límites al gasto corriente.
No podríamos contratar servicios o nuevas plazas para la atención de la emergencia, pagar horas extra e incluso se corre el riesgo de no poder atender los servicios básicos como la recolección de desechos o la limpieza de los espacios públicos, consideró el alcalde.
En el caso preciso de la municipalidad de Moravia, agregó que será un golpe aún mayor pues el crédito que sacaron para construir un nuevo edificio municipal se va a considerar como gasto corriente cuando termine la construcción lo que va a limitar aún más el margen de maniobra financiero para mantener la operación del municipio.
Zoch lamentó que el rechazo de este proyecto además les impediría brindar una flexibilidad a los vecinos del cantón pues la legislación les impide generar amnistías o arreglos de pago en momentos en que la población atraviesa problemas económicos.
Justamente el proyecto concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los abonados y medidas para la ampliación de arreglo de pago de tributos municipales.
Además, faculta a los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios por las medidas sanitarias a suspender hasta por 12 meses el uso de la patente municipal, para que no siga pagando este rubro.
