Catorce municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM), entre ellas San José, Alajuelita, Montes de Oca, Goicoechea, Curridabat, Desamparados, Moravia, Santa Ana, Heredia, Barva, Belén, San Rafael, San Isidro y Tibás, expresaron su preocupación y oposición al Decreto Ejecutivo N.º 44974-S emitido por el Ministerio de Salud, que establece un nuevo marco para la gestión regionalizada de residuos sólidos en Costa Rica.
Las autoridades locales consideran que la normativa es inviable, inequitativa y atenta contra la autonomía municipal, la salud pública y la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales. Señalan que el decreto desconoce la realidad territorial e infraestructura existente, impone metas técnicas sin diagnóstico ni recursos, invade competencias municipales y carece de mecanismos financieros y técnicos para su implementación.
Asimismo, advierten que, de aplicarse sin revisión, algunos cantones podrían quedarse sin opciones viables de disposición final en los próximos meses, lo que provocaría una crisis sanitaria.
Como parte de su posición, las municipalidades solicitan la suspensión inmediata del decreto, la apertura de un espacio de diálogo vinculante con representación equitativa, y el diseño participativo de un Plan Nacional de Gestión Regionalizada de Residuos con metas diferenciadas, progresividad realista, inversión pública centralizada e incentivos para los municipios. También proponen convocar a una mesa técnica de emergencia con el Ministerio de Salud para buscar soluciones conjuntas.
Las autoridades locales recalcan que no se oponen a modernizar la gestión de residuos, pero insisten en que cualquier cambio debe construirse con planificación, recursos y participación activa de los gobiernos municipales.
