La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras Arguedas, manifestó que esta organización mantiene su oposición a la implementación de la Ley de Empleo Público en el régimen municipal, y pone como justificación para ello la autonomía de la cual gozan las municipalidades.
“La ley estuvo siempre llena de cuestionamientos y nosotros tuvimos poco margen de maniobra en la Asamblea Legislativa (…) a pesar de los intentos que hicimos para el reconocimiento de la autonomía municipal, no hubo forma”, explicó Porras.
La representante de la UNGL añadió que desde que se propuso la Ley de Empleo Público, el Régimen Municipal siempre se opuso a que fuera implementada dentro de los municipios, ya que para los municipalitas lo pertinente era la elaboración de una ley exclusiva para las municipalidades.
“Recuerdo que cuando negociamos la ley, hicimos muchas consultas y vimos que no había un esquema establecido para atender la realidad municipal, y eso lo sabemos porque, como organización, hemos asesorado a muchos gobiernos locales en materia de empleo público. Desde nuestra posición, el marco regulatorio será acatado por parte los municipios, pero se pedirá respeto a la autonomía municipal siempre”, explicó la jerarca.
El punto más álgido, según la UNGL, es precisamente que no existe un reglamento para la implementación de la ley en el régimen municipal. La situación se agrava por el tiempo, ya que en marzo estará aplicándose la nueva legislación.
Karen Porras dijo que aplaude cada esfuerzo que hagan otras organizaciones, como la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por impugnar esta ley. Pero en vista de la inminente implementación de la misma, la UNGL ha manifestado su interés de colaborar con Mideplan para implementarla de la mejor manera en el régimen municipal.
La reforma, que es parte del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI), introduce el salario global en el sector público, en lugar de la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Así, se debe definir una remuneración para cada puesto en el Estado, sin necesidad de incentivos.
