Freiner Lara, alcalde de Golfito, anunció este lunes que presentó un oficio al diputado Oscar Cascante, para que le solicite a la Procuraduría General de la República una interpretación íntegra de la ley aprobada por los diputados que autorizó a Judesur a destinarles ¢300 millones a cada uno de los cinco gobiernos locales de la zona sur, para atender la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia.
Lo anterior debido a la retención que le realizó la Contraloría General de la República, de gran parte de los recursos que les correspondía, luego de que interpretara que los giros se harán conforme al déficit que registre el gobierno local con respecto al presupuesto ordinario aprobado para este año.
En ese contexto, explicó Lara, la Contraloría solo les aprobó ¢25 millones, al determinar que esa fue la afectación que ha sufrido ese municipio con respecto a los ingresos que esperaban obtener en el primer semestre.
La inquietud de Lara responde a que considera que el espíritu del legislador era que se entregaran todos los recursos aprobados a las municipalidades del sur para que pudieran reaccionar de la mejor manera para atender la pandemia y no suspender los servicios públicos, ante la caída en la recaudación.
“Estamos apelando a que nadie puede distinguir lo que la ley no distingue y sé que ese (la interpretación de la Contraloría) no fue el espíritu del legislador”, consideró el alcalde de Golfito.
A su criterio, la manera como lo está manejando la Contraloría no les permite a los gobiernos locales realizar un plan integral a largo plazo, sino que solo permite ir tapando huecos.
“Lo que queremos decirle a la contraloría es que no queremos que se nos dé el pescado por una o dos veces; lo que queremos es que se nos dé la caña para poder ir a pescar”, comento el alcalde, quien explicó que la intención de la Municipalidad es disponer de esos recursos para actualizar el catastro para tener claro con qué cuenta la comunidad y poder generar nuevos recursos que le eviten los huecos presupuestarios que están sufriendo.
Para el alcalde, entre una y otra posición hay una gran diferencia que afecta la operación del gobierno local. Por ejemplo, dijo, si se mide apegado a la diferencia en la recaudación, no se podrá incluir en el presupuesto el esfuerzo que están haciendo para atender la crisis.
En su caso, detalló, debe destinar personal y recursos para llevar asistencia a comunidades alejadas del centro de Golfito y recoger desechos en distritos tan alejados como Puerto Jiménez, que queda a dos horas, lo cual se podría ver afectado con la interpretación que le dio la Contraloría pues no considera ese tipo de gasto.
Sobre las razones por las que recurrió al diputado Cascante, justificó que se debe a la premura por resolver la difícil situación en el cantón ya que la consulta por medio de un legislador es más expedita, con relación a si la realiza el gobierno local.
