Los alcaldes y la alcaldesa que conforman la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), rechazaron enfáticamente la medida del gobierno central de aumentar la tasa del impuesto sobre propiedades, de un 0,25% a un 0, 75%.
Argumentan que con el aumento una persona que paga por su propiedad la suma de ¢200 mil pasaría a pagar ¢600 mil, lo cual consideran es un acto “confiscatorio” y desestimula la reactivación económica en los cantones en momentos que la crisis económica ataca con severidad a los costarricenses.
Al mismo tiempo, aclaran que el cobro de este aumento recaería en las municipalidades, pero los recursos que se obtengan serían trasladados al gobierno central.
“Este impuesto acarrea que muchas personas puedan eventualmente perder sus propiedades ante la imposibilidad de pagar, cierre de negocios y una contracción económica aún más severa, en el momento que las municipalidades realizan esfuerzos importantes para aliviar la situación económica de los ciudadanos, advierten los afiliados a Fedoma.
El alza en el impuesto sobre bienes inmuebles fue incluida por el gobierno entre las propuestas para negociar una salida financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
