La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), advirtió sobre las graves consecuencias que traerá la aprobación de la Ley de Gestión Integrada de Recurso Hídrico, el cual está listo para discusión para el primer debate.
Alertan que el plan impactará de forma negativa la administración de un elemento vital como el agua, así como el aprovechamiento de los terrenos cercanos a las nacientes.
A su vez, cuestional que la iniciativa al trasladarle al Minae gran cantidad de las competencias que en la actualidad asume Senara, provocará que los criterios en este tema pasen de ser técnicos a convertirse en políticos.
“La creación de una nueva superestructura que concentre las decisiones relacionadas con este bien, trae consigo riesgos muy serios para la autonomía y gestión municipal”, según Heibel Rodríguez, alcalde de Poás y exgerente general de Acueductos y Alcantarillados.
En esa línea, agregó que la propuesta le quita la injerencia a los gobiernos locales de los temas relacionados con el recurso hídrico, porque todo lo va a manejar el ministro del MINAE y la Dirección de Aguas que se crearía.
“Y entonces ¿para qué vamos a hacer planes reguladores? Porque a partir del recurso hídrico también va a controlar el suelo, ya que el primero es una variable fundamental en nuestros planes reguladores. No podemos sentarnos de brazos a esperar que en diciembre nos den ese regalo que significa un golpe fuertísimo a la autonomía de los gobiernos locales”, indicó Rodríguez.
La creación de un área de protección de 200 metros de radio de las nacientes, es otro asunto que les inquieta a los alcaldes, principalmente a los de Tilarán, Dota, Sarchí, Poás y Santa Bárbara.
“En el caso de Tilarán, muchas de las nacientes están cercanas a pequeños parceleros que se quedarán prácticamente sin terreno para trabajar. La protección de los 200 metros incluida en esta legislación traería consigo la obligatoriedad de realizarla. Este proyecto debe volver a comisión”, aseguró Juan Pablo Barquero, alcalde de ese cantón guanacasteco.
A su vez, Leonardo Chacón, alcalde de Dota y presidente de ANAI, dijo sentirse preocupado ya que en un cantón como el que dirige, donde existen muchas pendientes, esos 200 metros pueden significarle a un propietario entre 2 a 4 manzanas de terreno sin poder utilizar.
“Tenemos un problema muy serio con un terreno que compró el Estado para un colegio y donde un hidrogeólogo del MINAE detectó tres nacientes de agua en esa propiedad que costó más de 300 millones de colones, y por ende solo le quedan 200 metros m2 para construir. En Dota el 84% del territorio es protegido y cuando el MINAE tenga esas potestades de nada valdrá el plan regulador, ellos serán los que decidirán dónde, cómo y cuándo. ¿Qué pasará con las siembras de melón, sandía y naranja, con las lecherías, que necesitan suficiente agua?”, cuestionó Chacón.
