Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca y quien aspira a la reelección en una coalición en la que participa el PAC, espera que el presidente Carlos Alvarado, ponga en el Ministerio de Hacienda a una persona más cercana a su forma de pensar.
Lo dijo a propósito de la salida de la ministra de esa cartera, Rocío Aguilar, este miércoles 23 de octubre, para no causarle el dilema al mandatario de tener que decidir si la suspendía por 30 días sin goce de salario, como le sugirió la Contraloría, o desconocía la recomendación y la mantenerla en el cargo.
“Creo que quien asuma Hacienda debería ser una persona más cercana a generar consensos con las diferentes instituciones y con los gobiernos locales”, agregó el alcalde ayer, en una transmisión en Facebook Live de ECO Municipal.
Este jueves, se anunció a Rolando Cordero, actual viceministro de Egresos, como ministro interino, mientras se encuentra a quien asuma Hacienda.
Según Soler, la ministra saliente tuvo problemas con las municipalidades porque no entiende que son actores locales, ni entiende la relación que tiene el territorio con el desarrollo nacional.
“Esa falta de visión sobre esos temas fue uno de los puntos que generó posiciones encontradas entre ambas instituciones”, comentó.
Hacienda y los gobiernos locales han tenido encontronazos recientes debido a la decisión adoptada por Aguilar de someter a los gobiernos locales a la regla fiscal.
Eso les impone un límite del 4,67% al gasto corriente para el presupuesto del próximo año, lo que, a criterio de los municipios, constituye una violación al principio de autonomía que tienen.
La esperanza de Soler y sus compañeros alcaldes es que el nuevo jerarca de Hacienda logre limar las diferencias para no limitar el crecimiento de las municipalidades y, al final de cuentas, los servicios que le brinda al ciudadano final.
Cabe recordar que la recomendación que le hizo la Contraloría al presidente de suspender a Aguilar por 30 días sin goce de salario se debió a la decisión que tomó de pagar los compromisos del gobierno central a sus acreedores, a principios de su gestión en Hacienda, sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa para hacerlo.
