El juez Alcevith Picado le dio la razón a una medida cautelar presentada por un grupo de seis alcaldes en contra de la restricción vehicular impuesto por el gobierno en agosto.
Aunque tardío, la resolución del juez asintió que limitar el transporte en vehículos particulares cinco días a la semana, como impuso el gobierno en agosto, más bien aumentaba el riesgo de contagio.
Esto porque obligaba a los ciudadanos a desplazarse en autobús o taxi, donde era imposible mantener el distanciamiento social recomendado para prevenir la enfermedad.
La medida impugnada por los alcaldes quedó sin efecto en noviembre, por lo que la medida de los líderes locales no pudo evitar que se sometiera a la población a guardar el vehículo y viajar en transporte público.
Sin embargo, un grupo de abogados pedirá una ampliación para conocer si aplica a la restricción que se aplica en la actualidad.
Los alcaldes que impugnaron fueron Arnoldo Barahona, de Escazú; Carlos Cantillo, de Carrillo; Luis Castañeda, de Liberia; Giovanni Jiménez, de Nandayure; Jorge Alfaro, de Santa Cruz y Laura Carmiol, vicealcaldesa de Santa Ana, quien para entonces se desempeñaba como alcaldesa a.i.
La medida recurrida por los alcaldes fue la que sólo permitía usar los vehículos un día entre semana y uno el fin de semana, de acuerdo a la terminación de la placa.
