La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) adelantó que enviará la Ley de Empleo Público a la Sala Constitucional si mantiene al régimen municipal entre los entes regulados.
Barajan dos caminos para impugnar esta normativa. Una es mediante una consulta facultativa con el apoyo de diputados, una vez que se apruebe en primer debate y, de no prosperar, se presentaría una acción de inconstitucionalidad, una vez que sea ley.
Jonathan Espinoza, director ejecutivo de esa entidad, justificó que la posición no es por defender salarios, pues es del criterio de que se debe reformar el empleo municipal en una ley aparte, sino porque la normativa que la se discute en la Asamblea Legislativa en este momento atenta contra la autonomía política y administrativa de las municipalidades.
Esos preceptos, destacó, están contemplados en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y ratificados por resoluciones de la propia Sala Constitucional.
“La Sala Constitucional amplió que las autonomías mas puras que existen en el estado costarricenses son las municipalidades, especialmente la administrativa y la política, tomando en consideración que los alcaldes son electos de forma popular desde 1998 y son estos lo que tienen a cargo el nombramiento, promoción o remoción del talento humano desde un punto de vista gerencial y operativo”, destacó Espinoza.
Sin embargo, alertó, el proyecto de ley en discusión le quita autonomía política a los alcaldes de gerenciar su recurso humano y la capacidad administrativa.
En la misma línea, defendió que los municipios también tienen autonomía financiera y presupuestaria, pues su operación se financia por el cobro de los impuestos municipales y servicios que ofrece a la población.
“Aunque estemos dentro o fuera de empleo público, ni sumamos ni restamos porque los municipios nunca han sido causantes de la crisis”, amplió el director ejecutivo de la ANAI.
