Los alcaldes e intendentes que conforman la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), acordaron rechazar de manera rotunda la propuesta de negociación que le presentará el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El rechazo se da principalmente por la objeción que hacen de dos temas fundamentales como son el aumento del impuesto de bienes inmuebles en un 200% y el proyecto de ley de empleo público.
“El aumento desproporcionado en un 200% del impuesto de bienes inmuebles sin lugar a dudas tendrá una afectación social y económica en los ingresos de la población”, advirtió Horacio Alvarado, vicepresidente de ANAI y alcalde de Belén.
En esa misma línea, agregó que no puede ser posible que ahora de manera fácil, el gobierno central pretenda que la población aporte unos ¢223 mil millones de más mediante las municipalidades, cuando hay otras fuentes de financiamiento que no recauda de la mejor manera, como el impuesto a las casas de lujo.
Para medir el impacto que tendrá la medida a las arcas del Estado, Alvarado detalló que en 2019 las 81 municipalidades (sin contar el nuevo cantón de Río Cuarto) recaudaron ¢111 mil millones por ese impuesto para financiar obras, juntas de educación, el mismo Ministerio de Hacienda, Registro Nacional y hasta los comités cantonales de deporte.
“Ahora el gobierno central pretende que los municipios aumenten la base imponible del impuesto de un 0,25% a un 0,75%, del cual el 0,50% será recaudado por las Municipalidades únicamente para trasladar a las arcas del gobierno central”, cuestionó Alvarado.
En cuanto a la propuesta sobre empleo público, la ANAI se opone al considerarla violatoria a la autonomía administrativa municipal que les otorga la Constitución Política y ratificada por la misma Sala Constitucional:
“Nos oponemos a la aprobación del proyecto de empleo público por cuanto consideramos que el mismo violenta los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, deben tener claro los diputados que la misma Sala Constitucional ha explicado los alcances de estos artículos y no pueden seguir legislando al margen de la Constitución Política que ellos mismos juraron respetarla, de lo contrario tendremos que accionar ante la Sala Constitucional”, manifestó Nixon Ureña, directivo de ANAI y alcalde de San Ramón.
En el análisis de la Junta Directiva de ANAI también se acordó la oposición al gravamen de las transferencias bancarias considerando que esto incentivará mayor uso de efectivo en detrimento de la seguridad ciudadana, aumento de la evasión fiscal, de la informalidad entre otros.
Es por eso que la ANAI hace un llamado a las diferentes fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que no afecten más a la población costarricense, de lo contrario serán protagonistas de la mayor desigualdad que podrá enfrentar Costa Rica en sus casi 200 años de vida independiente.
