La familia de la primera vicepresidenta Epsy Campbell tiene una propiedad de casi 10.500 metros cuadrados (m2), registrada con un valor fiscal de ¢2,1 millones y por la cual paga ¢5.250 al año.
Ese monto no lo actualiza desde su inscripción, en 2013, pese a que la Ley que define el Impuesto sobre Bienes Inmuebles exige hacerlo cada cinco año.
La información fue confirmada por Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno, tras una investigación realizada esta tarde por el gobierno local.
Ante esta situación, Jiménez adelantó que este mismo viernes se realizará una notificación de avalúo al propietario de dicho inmueble con el fin de que actualicen los datos para establecer el verdadero valor fiscal.
El municipio decidió realizar el estudio luego de denuncias en redes sociales y publicaciones por medios digitales, en momentos en que el Poder Ejecutivo promueve triplicar el impuesto de bienes inmuebles entre las propuestas de negociación con el Fondo Monetario Internacional.
El estudio realizado por el municipio cartaginés evidenció que, en efecto, la propiedad de la familia Campbell está ubicada en el distrito de San Rafael, del cantón Oreamuno, de la provincia de Cartago.
“La Municipalidad de Oreamuno investigó esta tarde la situación de dicho inmueble y determina está registrado a nombre de Luis Campbell Patterson como dueño de usufructo de la finca y entre los dueños de la propiedad figura la señora Epsy Alejandra Campbell Barr”, reveló el municipio.
El estudio encontró además que la propiedad no ha sido actualizada como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles que indica que “los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican”.
“(…) revisando los registros municipales, no existe ninguna declaración por parte del propietario de este inmueble desde su fecha de inscripción el 30 de enero de 2013”, concluye el estudio municipal.
Por su parte, Jiménez lamentó que uno de los problemas que encontró al asumir la alcaldía, en mayo de este año, fue la resistencia de los propietarios por declarar en el tiempo que establece la ley.
“Por eso desde el Municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para realizar de forma constante procesos de notificación con el fin de que se acerquen al municipio a actualizar los datos de sus propiedades”, enfatizó el alcalde.
