La Unión Nacional de Gobiernos Locales anunció su oposición a la entrada en vigencia de la Ley 9986, Ley de Contratación Pública e indicó que el régimen municipal se siente “indefenso” al no recibir apoyo legislativo para detener la implementación de esta disposición.
La nueva ley entrará a regir mañana, primero de diciembre e incluiría dentro de su alcance actividad contractual que emplee total o parcialmente el uso de fondos públicos, lo cual incluye a las municipalidades.
La principal queja de la UNGL es que la Ley no cuenta aun con reglamento general que sirva de base para crear el ordenamiento en cada institución, lo cual deja varios vacíos, entre ellos el no tener claridad de a quién le corresponde realizar los trámites, si al concejo municipal o a la administración.
A lo anterior se le suma la preocupación de la UNGL porque del 1 al 8 de diciembre dejará de funcionar el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP), esto para la actualización de los parámetros que identifican el mecanismo de contratación a implementar, lo que impide la ejecución de la planificación de cada institución respecto a los servicios requeridos.
