La violencia de género es uno de los grandes obstáculos para la participación política de las mujeres a nivel mundial, la cual afecta su permanencia en puestos de liderazgo y representación popular.
La lucha por entornos libres de violencia, que garanticen los derechos políticos y electorales de las mujeres fue uno de los temas prioritarios abordados en el I Conversatorio sobre la Agenda de la Mujer Política, organizado por la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM).
Al respecto, Cindy Quesada, ministra del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), aseguró que “una de las grandes barreras que hemos sufrido, y me incluyo, es la violencia que hay en el ámbito de la política en contra de las mujeres. El tema político se torna un poco hostil en tiempo de campaña, especialmente para las mujeres, pero se recrudece incluso una vez electas”.
Quesada agregó que un ejemplo de este tipo de violencia política es el caso de la actual ministra de salud, Joselyn Chacón, quien ha recibido acoso y agresión verbal a través de las redes sociales y donde se desacredita sus capacidades profesionales.
Otro aspecto que se señaló durante el conversatorio es que la violencia política no solo viene de los hombres, en muchos casos se transmite de mujer a mujer, lo que en palabras de la ministra del INAMU “desvirtúa todas nuestras luchas”.
Ante este señalamiento, la presidenta del Foro de Mujeres Políticas Marlene Mora, manifestó que “uno nunca espera una agresión de una compañera, duele porque estamos luchando por todas. Es un tema que hay que trabajarlo mucho desde la formación de las personas”.
Como parte de las estrategias gubernamentales para la contención de esta situación, recientemente se creó la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Esta normativa tiene como fin erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres que ocupen cargos de elección popular, participen en estructuras de los partidos políticos o se encuentren en el ejercicio de la función pública.
Para Carolina Delgado, diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de la Mujer, “el tener un marco legal que permita decir a la gente si estamos haciendo o recibiendo violencia política, hace que haya un cambio cultural”.
Por su parte, Karen Porras, presidenta de la RECOMM, resaltó como punto positivo el hecho de que la ley abre la oportunidad de sancionar a personas cuando se compruebe que existe un acoso y agresión por medio de las redes sociales y a través de los medios de comunicación.
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