Darle trazabilidad a licores generaría más de ¢100 mil millones al año al Estado, asegura la ANAI

El proyecto que busca darles más herramientas a los gobiernos locales para atacar el contrabando de licor, podría ser la gran respuesta a los problemas económicos del país, ya que recuperaría más ¢100 mil millones al año que deja de recibir el Estado costarricense.

Así lo explicó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) Jonathan Espinoza, que es impulsora de la iniciativa; quien además recordó que precisamente en estos días se han dado nuevos casos de intoxicaciones debido al consumo de bebidas alcohólicas con metanol.

“Los alcaldes tenían la inquietud de cómo aportar a la solución al contrabando de licor, que es uno de los que más se ha desarrollado en el país y que genera importantes pérdidas para el Estado, sin que lo haya podido resolver. Entonces elaboramos un proyecto en que básicamente le pedimos a los diputados: déjenos ayudar a resolver el complicado mundo del contrabando, para fiscalizarlo con nuestros policías y con nuestros inspectores municipales, y así recaudarle el dinero al Ministerio de Hacienda, porque nada de esto se quedaría en las arcas municipales”.

Espinoza explicó que para la ANAI la ley resolvería un problema desde los municipios que el Estado central no ha logrado solucionar, que le genera pérdidas al país por más de ¢100 mil millones al año.

Y destacó que además “ataca” un problema de salud pública, ya que las intoxicaciones por el consumo de licor adulterado representan un grave riesgo, sobre todo para las personas habitantes de calle.

“No entendemos por qué hay medios de comunicación y cámaras empresariales opuestas a esta iniciativa, si luchar contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, así como de los cigarrillos, los medicamentos y muchas otras mercancías es bueno para todos, en especial en tiempos de crisis fiscal”, concluyó Espinoza.

La semana pasada el Plenario Legislativo aprobó un texto sustitutivo del proyecto, el cual que fue enviado a consulta al Ministerio de Hacienda y a distintas municipalidades del país.

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