El foro virtual sobre la violencia de género en la política local, organizado por la Red Costarricense de Mujeres Municipalista (RECOMM), llegó a la conclusión de que urge la aprobación del proyecto de ley No. 20.308 llamado: “Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres”, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Las invitadas al foro, Nielsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana, María Elena Montoya, miembro de la junta directiva de la Red Costarricense de Mujeres Municipalista (RECOMM), y exalcaldesa de Turrialba, y Carolina Monge, regidora propietaria en Montes de Oca y presidenta de la Comisión de la Mujer, presentaron sus puntos de vista y todas concuerdan en que es necesaria y urgente, la pronta aprobación de la ley.
“La violencia contra las mujeres en la política es una realidad y necesitamos poder ejercer libremente todos nuestros derechos y ocupamos que el estado nos proteja”, dijo la diputada Pérez.
Por su parte, Montoya hizo un llamado a las mujeres a romper el silencio para salir adelante y mencionó que es necesario reeducar a la población en el tema de la violencia política por razones de género. “A pesar de que en la RECOMM se hacen esfuerzos por capacitar y empoderar a las mujeres, hace falta un instrumento donde ellas puedan volcar esas denuncias y sentirse acompañadas”.
“Es inaceptable que estos comportamientos se sigan dado, que sigan siendo tolerados, las mujeres no vamos a ingresar a trabajar en la política para que nosotras naturalicemos estas situaciones y nos adaptemos a nuevas formas de violencia. No, estamos ingresando en la política porque queremos cambiar las cosas”, añadió Monge.
De acuerdo con la legisladora, un proyecto de ley no viene a resolverlo todo, pero sí a evidenciar que existe la violencia contra las mujeres en la política; define el ámbito de aplicación y cuáles son las conductas que se considerarían violencia, establece delitos, responsabilidades de los actores, las acciones de prevención y, el procedimiento a seguir con la persona que está ejerciendo la violencia.
Las expositoras concordaron en que las mujeres ingresan a la política para aportar a la comunidad y al país desde su visión, experiencia y conocimientos, por lo que limitar esa participación por medio de la violencia política es una práctica discriminatoria en razón de género y eso debilita la democracia.
