Las construcciones ilegales asestan un duro golpe a las ya lastimadas arcas de los gobiernos locales, por los recursos que no logran capitalizar por concepto de permisos municipales.
Se estima que solo el año pasado los municipios dejaron de percibir unos ¢1.000 millones, pues el 30% de los desarrollos no gestionó los permisos municipales correspondientes.
Así lo evidenció un estudio elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), dado a conocer este miércoles y que alerta que el problema viene en aumento.
Hace dos años, el porcentaje de obras que se impulsaban sin el aval municipal era del 22%, en tanto que hace cuatro años del 15%, muestra el análisis.
Guanacaste, con 45% de las obras de construcción sin permiso, es la provincia más golpeada, seguida por Limón, con un 38%.
Del otro lado están San José, en donde se registró que el problema solo alcanza al 19% de las construcciones y Cartago, con un 22%.
“Hacemos un llamado de atención a los municipios por la cantidad de proyectos en proceso de construcción que no cuentan con permiso, el caso específico de las provincias de Limón y Guanacaste que lideran los resultados negativos, con los porcentajes más altos de obras sin trámite municipal”, alertó Alejandra Morice, presidenta del CFIA.
Agregó que para el Colegio es indispensable que se cumpla con la normativa técnica, que implica la contratación de profesionales en ingeniería y arquitectura y también la obtención de los permisos de construcción para cumplir con toda la normativa legal y ambiental del país, todo lo anterior para la seguridad de las construcciones y de las personas que las utilizarán.
Para el estudio se realizaron 4.579 inspecciones, de las cuales el 8% (386) de las obras visitadas estaba en estado inactivo al momento de la evaluación.
Como hallazgo se encontró que el porcentaje de obras sin permiso es menor en las municipalidades que son 100% digital.
Aparte de golpear las arcas municipales, las construcciones que burlan los controles municipales tienen el riesgo de baja calidad de mano de obra y materiales, incumplimiento de normativa ambiental y urbana, no tener el respaldo en caso de denuncias o demandas.
“Los costarricenses deben recordar que los proyectos informales no cuentan con el respaldo en caso de denuncias o demandas; se exponen a una multa de 50% sobre costo de permiso municipal de construcción y a la demolición del proyecto por orden municipal”, advirtió Olman Vargas, director Ejecutivo del CFIA.
Por su parte, las obras registradas cuentan con respaldo institucional en caso de una demanda o denuncia por mala praxis, destacó Vargas.
Golpe municipal
Guanacaste y Alajuela fueron las provincias más afectadas por las construcciones ilegales durante 2019. Las cifras están representadas en colones.
Guanacaste 469.821.005
Alajuela 304.577.662
Puntarenas 60.595.715
San José 48.630.896
Cartago 41.663.791
Heredia 34.751.575
Limón 27.493.906
