Las municipalidades buscan promover la contratación de empresas de sus comunidades mediante una reforma al sistema de compras públicas, como medida para atender la crisis económica que sufren como consecuencia del Coronavirus.
Es en esa línea gestionan una iniciativa para que se faculte a los gobiernos locales e intendencias realizar procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), siempre en el marco de la Ley de Contratación Administrativa.
Justifican que los procesos por SICOP favorecen a las grandes empresas sobre las pequeñas, pues no pueden competir en igualdad de condiciones; además que el costo de adscribirse a ese sistema se sale del presupuesto de algunos municipios.
La reforma es impulsada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
“Para reactivar la economía y responder a una situación de emergencia como la que vive el país, se requiere de tramites más inmediatos y oportunos, donde se pueda priorizar al empresario local, a aquellas empresas que mediante su trabajo generan empleo y desarrollo al cantón”, consideró Karen Porras, directora Ejecutiva de la UNGL.
Porras destacó que se debe garantizar que las contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto de la pandemia.
Además, destacó que la implementación de SICOP le representa un egreso de unos ¢8 millones de colones anuales por concepto de pago de tarifas, muy por encima del tope al crecimiento del gasto corriente de algunos gobiernos locales, sin tomar en cuenta los costos de implementación inicial.
