La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) solicitó al gobierno la convocatoria del proyecto de ley Contra la Adulteración y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI, sostiene que es necesario y urgente ampliar la fiscalización en materia de contrabando y adulteración, producto de la alerta sanitaria por la venta de productos adulterados con metanol.
La preocupación surge luego de que se contabilizaran siete casos sospechosos de intoxicación en los primeros 15 días de este año, de los cuales seis fallecieron.
Mientras que el año 2020 cerró con 92 casos sospechosos de intoxicación por metanol, 48 de los cuales fallecieron.
Espinoza explicó que la ley actual 9047, que regula la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en temas como patentes, determina que las competencias en esta materia recaen sobre los municipios.
Sin embargo, la detección en casos de adulteración, imitación o contrabando son competencia de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.
“El proyecto de ley viene a generar una serie de herramientas para los diferentes cuerpos policiales, incluidas las policías municipales. La idea es que los gobiernos locales puedan sumarse a esa fiscalización ya que sabemos que Policía de Control Fiscal, por su centralidad, tiene recursos limitados; mientras que los municipios contamos con más de mil efectivos en 30 cantones y más de 600 inspectores y sabemos dónde están las patentes, ya que las municipalidades son las que la otorgan y deben fiscalizar su funcionamiento y venta de bebidas alcohólicas”, aseguró Espinoza.
ANAI inició con la formulación de dicho proyecto de ley a inicios del 2019 cuando se detectaron los primeros indicios de intoxicaciones por la sustancia metanol.
La iniciativa reúne tres aristas:
- La salud, como un derecho fundamental y primario, donde el proyecto se muestra como una manera efectiva de atacar el tema de las intoxicaciones.
- El control efectivo del comercio, de manera que se pueda aplicar un régimen de sanciones adecuado y más eficaz.
- El mejoramiento de la recaudación fiscal. Entre 2019 y 2020 se recaudaron ¢43 mil millones, cuando las sumas deberían acercarse a los ¢115 mil millones, según las estimaciones reales que hizo ANAI.
