La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) solicitó al Ministro de Salud, Daniel Salas y a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se les brinde prioridad a los funcionarios municipales que enfrentan riesgos de contagio en el programa de vacunación contra la Covid-19.
Los miembros del consejo directivo y los jerarcas de la UNGL buscan hacer conciencia en las autoridades sanitarias sobre el papel que están cumpliendo los gobiernos locales en la lucha contra el Covid-19.
A criterio de la entidad municipalista, al igual que otros funcionarios del grupo 1 de vacunación (trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, personal de hospitales, Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos, Cruz Rojas y cuerpos policiales), los funcionarios municipales están expuestos a los contagios, lo que repercute en la continuidad del trabajo de las instituciones y, en caso de contagiarse, podrían enfermar a las personas que deben atender.
Por ejemplo, destacan que el personal de limpieza y aseo de vías, funcionarios relacionados con la recolección de residuos sólidos, gestores de riesgo y quienes conforman los Comités Municipales de Emergencia, cumplen labores que los expone a riesgos y trabajan en la primera línea de respuesta; sin embargo, hasta ahora solo los miembros de la Policía Municipal fueron incluidos entre las funciones prioritarias por vacunar.
Según le consta al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y como lo han expuesto los alcaldes y alcaldesas en las diferentes instancias, desde el inicio de la emergencia nacional por Covid-19 los Comités Municipales de Emergencia (CME) han venido creando y ejecutando labores para atender sus territorios ya que no había experiencia país en este tipo de emergencia sanitaria, destaca la Unión.
A su vez, amplía que desde las Municipalidades y sus CME se han dedicado con personal y recursos económicos en protocolos para la prevención, contención y respuesta oportuna a esta pandemia, coordinando con otras instancias, tanto públicas como privadas, pero con un alto grado de responsabilidad por parte de las municipalidades como lo establece la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo en su artículo 10.
