El alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, indicó que la Ley Marco de Empleo Público, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, no tiene datos que sustenten la inclusión de los gobiernos locales.
“Yo creo que todos creemos que hay que regular el empleo público, pero tiene que hacerse bien, lo que ha presentado el Ministerio de Planificación es antojadizo, no tiene datos que lo respalde, todavía ni siquiera han presentado un solo número. Nosotros hemos dicho en la asociación de alcaldes que hay que sentarse a conversar sobre un plan de empleo público municipal, pero el problema es cuando se meten en el mismo saco a todas las instituciones”, dijo Soler.
Desde un principio los representantes municipales se han opuesto que los gobiernos locales sean incluidos dentro de esta legislación, argumentado, entre otras razones, que es una violación a la autonomía municipal.
También han indicado que la realidad financiera de los municipios es muy diferente, tanto dentro del mismo régimen, como a nivel del sector público en general.
En ese sentido Soler añadió que “no se puede comparar el salario de un director financiero de la Municipalidad de San José, con el de la Municipalidad Montes de Oca, o con el de una municipalidad rural, son tres municipalidades completamente diferentes, con distintos presupuestos y distintas responsabilidades, y el proyecto de empleo público no es capaz de ver esas diferencias”.
Otro aspecto que citó el alcalde de Montes de Oca, quien también es miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), es que los empleados municipales tienen los salarios más bajos del sector público y un aumento en las remuneraciones podría impactar negativamente las finanzas de los gobiernos locales, lo que provocaría una eventual afectación en los servicios municipales.
“Desde la ANAI hemos enviado consultas, hemos pedido números sobre en qué se están basando y no hemos obtenido respuesta del Ministerio de Planificación, y entonces me parece es un combo donde quieren meter a todos sin saber qué están haciendo, y sin siquiera comprender cómo funciona la institucional costarricense, algo que parece poco práctico y hasta vergonzoso, que no tengan comprensión global de cómo funciona el país, concluyó Soler.
En estos momentos los gobiernos locales están excluidos del proyecto, pero hay presiones para volver a incorporarlas.
