Casi cuatro de cada diez habitantes del cantón de Tibás tienen necesidad de empleo, reveló un estudio contratado por la Municipalidad para conocer los efectos de la pandemia en la población y el comercio.
La muestra incluye a las personas que no tienen trabajo y aquellas a las que les suspendió el contrato o se les rebajó la jornada laboral.
Este es solo uno de los temas abordados en este análisis que le servirá de base al gobierno local para definir las políticas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los efectos de la crisis, dijo el alcalde Carlos Cascante, quien destacó que su cantón es el primero en realizar una análisis de este tipo de todos los gobiernos locales del país.
La investigación revela además que la mitad de la población ha sufrido afectación sicológica y que ha aumentado la violencia intrafamiliar durante la pandemia.
Para tener una posición amplia sobre los problemas que aquejan al cantón, la muestra incluyó a 1.107 personas y casi 700 empresas.
Justamente en materia comercial, se encontró que el 84% de los patentados respondió haber tenido afectación durante estos seis meses desde que se dio el brote de Covid-19 en el país.
Dijeron tener dificultad para realizar el pago de impuestos, asumir los costos de producción y atender la planilla, principalmente por los pagos de las cargas sociales.
Se encontró también que los comercios más afectados son es los pequeños y micro pymes, que el 8% de los comerciantes ya retiró patente y que otro 21% está valorado retirarla, destacó Alejandro Alvarado, presidente Municipal de Tibás.
En cuanto a las prioridades de pagos de los ciudadanos y comercio la prioridad está en la alimentación, agua, luz, teléfono, Internet y dejar los tributos municipales de noveno.
“No podemos estar suponiendo cosas, para que usted tome líneas estratégicas para que tenga las decisiones en corto y mediano plazo debe tener un estudio base”, destacó Cascante.
Entre las acciones para dar seguimiento a las necesidades de los habitantes del cantón, de acuerdo al resultado del estudio, la Municipalidad dispondrá de una partida de ¢10 millones para alimentar a las familias vulnerables, que se suma a los 5 mil diarios que se han entregado.
Además, pone a la disposición de la Caja de Seguro Social cuatro vehículos y personas para la distribución de medicamentos de las clínicas del cantón y cederá a 10 funcionarios al Ministerio de Salud para tramitar las órdenes sanitarias, en procura de recuperar la trazabilidad del virus.
En materia comercial, el concejo municipal aprobó el programa sello se seguro, que certifica a los negocios protegidos contra la Covid-19, por el cumplimiento a cabalidad de las medias sanitarias.
A su vez, gestiona arreglo de pagos con los comerciantes y ciudadanos que han enfrentado dificultad para pagar los servicios y tributos municipales.
